REPÚBLICA - GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.

La  Fiscalía  es partidaria  de archivar la denuncia por las fosas comunes.  

La Audiencia Nacional tramita la querella  presentada  por  el  nieto  de  dos  de los fusilados en la capital ribereña unida a otras de la ARMH que califican  los crímenes de «lesa humanidad»   

• El fiscal argumenta que los delitos prescribieron por la Ley  de  Amnistía  de  1977 y los familiares de las víctimas aluden en sus alegaciones a que prevalece el  Derecho Internacional. J.C.O. 

 

/ ARANDA 

El pamplonés Teófilo Goldaracena, nieto de los ribereños Macario Rodríguez y Ángela Rodrigo fusilados en agosto de 1936 en Aranda de Duero y cuyos cuerpos fueron  exhumados en 2005 en el enterramiento de La Lobera, ha instado, junto con otros familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, al juez Baltasar Garzón a que instruya la denuncia que presentó ante la Audiencia Nacional por el asesinato de sus abuelos y las otras siete planteadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ( ARMH ) pese al criterio de la Fiscalía, que ha solicitado el archivo de las causas al entender, entre otros motivos, que los delitos prescribieron por la Ley de Amnistía de 1977. 

El Juzgado de Instrucción Número 5, del que es titular Garzón, admitió a trámite a la denuncia en 2007 y ante la incoación de diligencias previas se solicitó la acumulación de las diferentes querellas por entender que se trataba de crímenes de lesa humanidad. 

El posicionamiento del fiscal, que además rechaza la tramitación por entender que no supone una unidad de propósito ni una unidad de hechos acaecidos en todas las provincias y considera que no deben ir al Juzgado Central de Madrid sino a los respectivos juzgados de origen, supone un jarro de agua fría. 

Sin  embargo el abogado que ejerce la acusación, Fernando Magán, ya ha presentado un escrito de alegaciones y se muestra confiado de que el magistrado continuará la instrucción y la investigación de los hechos. «Argumentan que ha prescrito, pero no es suficiente. 

Nosotros estamos abogando al derecho  universal, que parte de 1945 que es un principio prioritario a ese derecho interno», explica el letrado quien justifica que los asesinatos que se produjeron durante la confrontación fratricida, eran constitutivos de delito en el momento de su comisión tanto de acuerdo con el Código Penal vigente de 1932,como de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, que establece la obligación de buscar a los desaparecidos durante un conflicto. 

Aunque a juicio de Magán la calificación como crímenes de lesa humanidad es la más apropiada «porque alcanza mínimo a 30.000 personas y por su carácter sistemático », avanzó que es posible que ésta se cambie «por otra en la que las cuestiones de prescripción tengan menos viabilidad argumental desde el punto de vista del derecho». 

En cualquier caso los colectivos que impulsan este proceso -la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que respalda a Goldaracena, y las ARMH de Andalucía, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas ( Pontevedra ), Arucas ( Canarias ) y Sierra de Gredos y Toledo- se reunirán el día 5 de abril en Madrid para fijar una estrategia conjunta.

Teófilo Goldaracena batalla duramente para dignificar el nombre de sus abuelos,  Macario Rodríguez y Ángela Rodrigo.

 

Acudirán a los tribunales internacionales.

En opinión de Goldaracena sería  injustificable que la Audiencia Nacional se inhibiera en este caso cuando ha encabezado procesos en otros países. «Es muy bonito mirar al extranjero y no pensar lo que tenemos en el país», señala, advirtiendo que tanto él como sus descendientes están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para hacer justicia y dignificar el nombre de las víctimas.   

«Si en España no se soluciona el tema acudiremos a los tribunales internacionales », anuncia, empeñado en conocer por qué motivo asesinaron a sus abuelos cuando eran  totalmente ajenos a la política y en que se repare un suceso cuyas consecuencias aún sufren puesto que derivó en la completa disgregación de la familia fruto de la dispersión de los seis huérfanos por diferentes instituciones religiosas y nunca llegaron a reencontrarse.

Paralelamente, Goldaracena inició con los informes forenses de la exhumación en el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda la solicitud de inscripción de la muerte por asesinato ya que los fallecimientos no figuraban en el registro. 

El juzgado ha accedido a la  inscripción fuera de plazo, pero ha omitido las causas del óbito lo que le ha llevado a pedir la nulidad de actuaciones e instar a que actúe la Dirección General de los Registro y del Notariado del Ministerio de Justicia, que lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

                      

LA FISCALÍA PARTIDARIA DE ARCHIVAR LA DENUNCIA POR LAS FOSAS COMUNES.

EL FISCAL ARGUMENTA QUE LOS DELITOS HAN PRESCRITO.

AUDIENCIA NACIONAL

ARANDA | GUERRA CIVIL

                      

 

 

                

                       

 

 

 


RIBERA

Denuncian a la Guardia Civil por el fusilamiento de más de 700 ribereños.

 

J.C.O. / Aranda.
 
lunes, 17 de marzo de 2014.

 

El nieto de dos de los ajusticiados, Teófilo Goldaracena, promotor de la demanda presentada ante Garzón, interpone una denuncia contra la institución por crímenes de lesa humanidad.

 

 

 

Teófilo Goldaracena posa con la foto de sus abuelos en el soportal del Bolo, donde instalaba el puesto de venta la Sinforosa. - Foto: Florentino Lara

 

El pamplonica Teófilo Goldaracena, nieto de dos de los ribereños que murieron fusilados en 1936 fruto de la represión aplicada por el bando nacional durante de la Guerra Civil, ha dado un paso más en su intento por hacer justicia por la dramática desaparición de sus antecesores por línea materna y recuperar su buen nombre y su dignidad y  ha interpuesto una demanda contra la Guardia Civil por crímenes de lesa humanidad.

Considera al instituto armado responsable «de sembrar el terror  en miles de familias de Navarra y Burgos, y en el Estado español, a través de la persecución y posterior asesinato masivo de miles de ciudadanos indefensos, que solo querían mejorar su calidad de vida, con el solo objeto de hacer imperar el miedo, derrotando al sistema legítimo del pueblo español, como fue y posiblemente volverá a serlo la República provocando la Dictadura de Franco».

Goldaracena esgrime que durante la dictadura la institución creada por el Marqués de Ahumada, a la que califica de «terrorista» y cuestiona que siga «viva, activa y armada», se dedicó a matar y a perseguir maquis y demócratas y efectuar ejecuciones obedeciendo órdenes de la cúpula franquista, entre ellas las de sus familiares con el agravante de violación incluida.

Como ejemplo de estos graves delitos, que a su juicio deben ser considerados crímenes de lesa humanidad o genocidio, dirigidos por esa institución o miembros de la misma, además de los más de 3.000 asesinatos de Navarra esgrime el caso del capitán Enrique García Lasierra, a quien culpa de la muerte de más de 700 vecinos de Aranda de Duero y la comarca, y quien fue recompensado por estos hechos ya que la Guardia Civil le ascendió «o premió los crímenes que cometió contra la población indefensa» con el grado de general de brigada. Poco después sería nombrado  Hijo adoptivo de Aranda, título que aún conserva.

«Si hoy en día se reclama a los etarras por crímenes de lesa humanidad y demás, pues si es legal para esos también lo será para estos, porque la Guardia Civil a este asesino, que fue el que dio la orden de matar a mis abuelos y a casi todas las víctimas de la Ribera, lo que hizo fue encima recompensarle. Y vamos contra esta persona concreta que se supone que actúa en nombre y representación», argumenta.

En el escrito de la denuncia, Goldaracena recrimina que la institución no solo no se ha arrepentido por esta reprobable actuación sino que casi ocho décadas después aún «no ha pedido disculpas a las miles de familias españolas que continúan viviendo con el miedo y el terror que la Guardia Civil sembró».

DISOLUCIÓN.

Goldaracena pretende que se admita a trámite la denuncia, que se lleven a cabo las correspondientes investigaciones de las actuaciones de la Guardia Civil y, como resultado de las mismas, la institución reconozca el daño injusto causado por sus acciones, pida perdón a las víctimas de sus asesinatos, se proceda a su desarme y posterior disolución por haber cometido miles de asesinatos contra ciudadanos indefensos de este país o lo que es lo mismo crímenes de lesa humanidad. «Lo que pretendemos es simplemente lo mismo que se les pide a los otros terroristas, que desaparezcan», resume.

Los restos de los abuelos maternos de Teófilo Goldaracena, Macario Rodríguez García, originario de Campillo de Aranda, y Ángela Rodrigo Berrojo, la Sinoforosa, fueron recuperados en 2005 durante los trabajos de exhumación de las fosas comunes del paraje de La Lobera, de la capital ribereña, donde aparecieron 46 cuerpos sin vida.

Según los testimonios recopilados ambos fueron arrancados de su domicilio por miembros de la Guardia Civil  al mando del capitán Enrique García Lasierra y fueron llevado al calabozo hasta que fueron ‘sacados’ el 19 de agosto de 1936. 

El informe que la Universidad de Burgos dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro «entra y sale por la mandíbula». Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala y según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa.

La denuncia la interpuso el 1 de marzo en el juzgado de Guardia de Pamplona, pero el juzgado nº 1 se ha declarado incompetente y se han inhibido por razón de competencia territorial a favor del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranda de Duero, que es donde está actualmente la causa. Ahora deberá decidir si estima o desestima la denuncia o si la deriva a la Audiencia Nacional por entender que pudiera corresponderle su competencia objetiva por razón de materia, dada la gravedad de los delitos objeto de la denuncia.