EQUIPO NIZKOR

29mar05

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Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente
los crímenes graves.

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Hechos:

1) El pasado 16 de diciembre de 2005 se publicó en el B.O.E. la Orden de Presidencia "ORDEN PRE/3945/2005", por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Dichas bases en su artículo cinco establecen: "Se consideran proyectos subvencionables los siguientes, que se especificarán detalladamente en la correspondiente o correspondientes convocatorias: La investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, a cargo de los particulares o agrupaciones de particulares que ostenten interés legítimo."

Consideramos que estos aspectos concretos son parte de la responsabilidad jurídica del Estado y no pueden ser delegados o subcontratados a particulares o agrupaciones de particulares sin violar la legalidad vigente y las normas europeas e internacionales que hacen a:

 

• a) Leyes rituarias para proceder al desenterramiento e identificación de víctimas.

   

• b) Normas de antropología forense obligatorias en la Unión Europea.

   

• c) Normas derivadas de las obligaciones internacionales del Estado español y especialmente de las derivadas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

2) El 03 de enero de 2006 se envió una carta a la Sra. Vicepresidenta, Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, de la que nunca obtuvimos respuesta.

3) El día 18 de enero de 2006 se mantuvo una reunión con D. Álvaro Cuesta Martínez en su carácter de Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, en la que se le explicó detalladamente la situación y la gravedad de la misma. El diputado Álvaro Cuesta Martínez reconoció que era necesario modificar esos extremos de la Orden Presidencial y que se así lo solicitaría.

A dicha reunión solicitada por el Equipo Nizkor asistieron además la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo, Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia y la Asociación Manuel Azaña.

4) El día 16 de marzo de 2006 se mantuvo una reunión con los diputados D. Ramón Jáuregui Atondo y Pedro José Muñoz en representación, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se les explicó detalladamente la situación y la gravedad de la misma. Tras una tensa reunión, el diputado Ramón Jáuregui se comprometió a enviar una carta a la Viceprecidenta del Gobierno exponiendo nuestras demandas.

A dicha reunión, solicitada por el Equipo Nizkor, asistieron además la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo; Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español - AGE (Archivo Guerra y Exilio); Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia y la Asociación Manuel Azaña.

Visto el tiempo transcurrido sin que se haya dado solución alguna al tema planteado y dada la gravedad de los hechos que pueden incluso ser constitutivos de delito, nos dirigimos al resto de la asociaciones de víctimas del Estado, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a la opinión pública con la siguiente:

DECLARACIÓN:

a) Consideramos que "La investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore" es una responsabilidad indelegable del Estado.

b) Una orden presidencial no reviste rango jurídico suficiente para fijar normas de carácter penal y, menos aún, para modificar las leyes rituarias penales que hacen a la "investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente..."

c) Este tipo de procedimiento debe ser realizado bajo tutela judicial, a través de los jueces ordinarios y a través de la actuación de la fiscalía; ha de tratarse, sencillamente, de procedimientos ordinarios que reúnan las garantías procesales necesarias de todo estado de derecho.

d) La Orden Presidencial de referencia puede ser entendida como una legislación de excepción penal y que como tal, es violatoria del orden constitucional existente y del Convenio europeo de derechos humanos.

e) Que el tratamiento que se debe dar a la "investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente..." está reglado además por normas de rango europeo y también por normas derivadas de convenciones internacionales.

f) El desenterramiento ilegal es un delito y, en este caso, reviste además el agravante de tratarse de presuntas víctimas de crímenes contra la humanidad, con lo que estos desenterramientos ilegales contaminan y/o destruyen las pruebas y los elementos de prueba de la comisión de los mismos.

g) Llamamos a todas las asociaciones de víctimas y a sus familiares a impedir que se proceda de esta forma ilegal, ya que significa la desaparición definitiva de los restos y su manipulación equivale a colaborar en la consumación definitiva del crimen cometido inicialmente.

h) Demandamos que la Fiscalía General del Estado cumpla con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y actúe en defensa de las víctimas que no tienen posibilidad alguna de representación judicial, garantizando el derecho a la justicia y al debido proceso.

Madrid, a 29 de marzo de 2006.

Firman (orden alfabético):

• AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
• Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
• Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
• Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
• Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
• Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva.
• Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
• Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador.
• Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
• Federación Foro por la Memoria (Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de La Rioja, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén) José Mª Pedreño, presidente de la federación.
• Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente.
• Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.

Declaración rechazando las opiniones expresadas por el
Diputado Socialista Ramón Jáuregui

29mar05

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Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui.

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DECLARACIÓN PÚBLICA.

El pasado 6 de marzo de 2006 se publicó en el diario "El Periódico" de Barcelona un artículo titulado "Deudas de nuestra historia", firmado por Ramón Jáuregui Atondo, diputado por Álava del Grupo Parlamentario Socialista y que ostenta, entre otros cargos, el de portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso.

El diputado Ramón Jáuregui ha sido designado en dos oportunidades por el Grupo Parlamentario Socialista para mantener sendas reuniones con relación a la cuestión de los crímenes franquistas y, especialmente, al documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", elaborado por el Equipo Nizkor.

Estos dos elementos causales son la condición necesaria para que hayamos decidido dar una respuesta pública al texto mencionado que, a nuestro entender, es una muestra de mala fe en su relación con las asociaciones firmantes.

Por todo ello queremos puntualizar:

 

• 1) El diputado Ramón Jáuregui en dicho artículo afirma textualmente "Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones".

   

• 2) El diputado Ramón Jáuregui ,en cuando diputado, no puede desconocer los principios legales que son de obligatorio cumplimiento por los estados, todos los estados, y que incluso están recogidos en la actual constitución, dándose además la agravante de que el diputado Ramón Jáuregui es licenciado en derecho y abogado.

   

• 3) Considerar que la seguridad jurídica viene dada por el paso del tiempo y no por los bienes protegidos, en este caso las libertades civiles y los derechos humanos de todas las víctimas de un régimen ilegal en su esencia- y confirmada su ilegalidad por resoluciones de las Naciones Unidas-, es inadmisible y constituye un claro desprecio a todas las víctimas de dicho régimen fascista.

   

• 4) La nulidad de los juicios sumarísimos y de todos los procedimientos penales de similares características no significa destruir la "seguridad jurídica", sino devolver ésta a los descendientes de las víctimas. Un estado de derecho está obligado a anular los procedimientos en cuestión, no por la violación al debido proceso o del derecho a defensa, como afirma el diputado Ramón Jáuregui, sino por la nulidad absoluta consecuencia de la ilegalidad del régimen franquista, tanto desde el punto de vista del derecho interno, como del derecho internacional penal y del derecho internacional de los derechos humanos. Esta demanda es además concordante con la Disposición Derogatoria 3) de la Constitución vigente.

   

• 5) Las responsabilidades estatales por los crímenes cometidos por la dictadura franquista, desde el momento del golpe de estado hasta el fin del régimen, tienen continuidad en tanto en cuanto exista el Estado español, y esto, no por capricho maximalista de las demandas de las asociaciones, sino porque es un principio del derecho internacional, el cual el diputado Ramón Jáuregui no puede desconocer en cuanto diputado electo.

   

• 6) El diputado Ramón Jáuregui no puede desconocer, no sólo por su carácter de diputado electo, sino por ser licenciado en derecho, abogado y portavoz de la Comisión Constitucional, que los crímenes contra la humanidad han sido reconocidos por las más altas instancias judiciales del Estado, entre las que destaca el propio Tribunal Constitucional y por tanto incorporados con todas sus consecuencias al derecho interno.

  Esto convierte su argumento de que las demandas de las asociaciones son "maximalistas" en fútil e ilegal, y en consecuencia, su pretensión de ser "equidistante" no es más que una ilegalidad, dado que frente a violaciones graves de la naturaleza propia de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, un diputado electo, que representa la voluntad popular, e independientemente del grupo parlamentario al que pertenezca, no tiene posibilidad de tomar dicha postura prescindente.

   

• 7) Ratificamos una vez más que lo que exigimos es el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, la reparación por parte del Estado de los daños producidos, sean éstos penales, civiles o administrativos. Para ello nos asiste el derecho y la propia Constitución Española.

   

• 8) No nos negamos a que exista un reconocimiento moral de las víctimas, a que se realicen actos de los denominados de "recuperación de la memoria" y actos financiados por el Estado de carácter científico, que permitan ampliar el conocimiento de los hechos ocurridos, pero éstos sólo tienen sentido en un estado de derecho una vez realizado el reconocimiento jurídico de las víctimas, su identificación legal y la reparación consecuente a sus familiares y descendientes y asumidas las responsabilidades legales por parte del Estado.

   

• 9) Ratificamos las demandas presentadas en el "Plan de acción" del documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", así como su fundamentación basada en el derecho internacional de obligado cumplimiento para el Estado español, obligaciones éstas que están reconocidas por la Constitución vigente en el artículo 10.2) que dice textualmente "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España" y en el artículo 96.1) que dice textualmente: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

Por todo ello, rechazamos expresamente las afirmaciones del diputado Ramón Jáuregui y le exigimos la rectificación de las mismas, acatando las normas de un estado de derecho, o la resignación de su cargo de diputado, dado que consideramos que sus declaraciones públicas no son compatibles con sus obligaciones como representante de la voluntad popular.

En Madrid, a 29 de marzo de 2006

Firman (orden alfabético):

• AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
• Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
• Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
• Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
• Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
• Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva.
• Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
• Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador.
• Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
• Federación Foro por la Memoria (Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de La Rioja, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén) José Mª Pedreño, presidente de la federación.
• Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente.
• Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.

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Texto completo del artículo publicado por el diputado y portavoz de la Comisión Constitucional, Rámon Jáuregui.

Deudas de nuestra historia.

Escribo contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas», decía hace sólo unos días Claudio Magris, al ser investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Para salvar la verdad, por ejemplo, me contestaba a mí mismo al leer la reflexión del profesor y escritor italiano. Celebramos este año el setenta aniversario de la guerra civil española y el año que viene serán treinta los que llevamos de democracia. Nunca, en todo este tiempo de libertad, se habían cuestionado tan abiertamente los hechos históricos, o mejor diríamos, su interpretación, como se está haciendo últimamente en diversos foros históricos y políticos. Al calor del extremismo político que se ha instalado en nuestro país, están emergiendo teorías estrafalarias sobre la responsabilidad de la República en general, y de las fuerzas de izquierda y obreras en particular, en el estallido de la Guerra Civil, casi concluyendo que fueron la Revolución de Octubre de 1934, el Frente Popular de 1936 y los actos de terrorismo sectario los que provocaron la intervención militar el 18 de julio de aquel fatídico año.

Este revisionismo histórico es exactamente igual que el que proclaman algunos fanáticos islamistas o fascistas de extrema derecha, negando el Holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El contexto de la República y las responsabilidades de quienes protagonizaron aquellos años convulsos pueden merecernos análisis y opiniones encontrados, pueden exigir autocríticas a muchos, pero en ningún caso autorizan a manipular la verdad. Y la verdad es que había un Gobierno legítimo y democrático contra el que se sublevaron unos militares que arrastraron a gran parte del ejército, provocando una guerra civil entre los españoles con más de un millón de muertos. La verdad es que los vencedores de la guerra ejercieron una represión cruel contra los derrotados: fusilamientos, cárceles, campos de trabajo, exilio, etcétera que marcaron para siempre a una generación de españoles. La verdad es que el general Franco y su ejército impusieron un régimen de opresión y dictadura que duró cuarenta años. Ésta es la verdad. Estos son los hechos, y el que los niegue o sugiera siquiera que fueron otros los responsables de este desastre es un mentiroso o un manipulador.

Hemos discutido sobre esto en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez, ni será la última, a propósito de las deudas pendientes con las víctimas de franquismo. De nuevo emergieron dos actitudes antagónicas respecto de las que no quiero ser equidistante. Esquerra Republicana de Cataluña se ubica en la reivindicación maximalista de devolver honra, honores y compensaciones a todos quienes sufrieran cualquier tipo de represión, opresión o similares. En una proposición de ley, ilimitada en sus efectos, pretendía que compensemos económicamente a todos aquellos que hubieran visto lesionados sus derechos por la dictadura, cualquiera que fuera la causa: ser gitano, homosexual o masón; por la prohibición de los idiomas propios; por haber luchado contra el franquismo (incluso en organizaciones armadas -sic-). Esquerra quiere que se anulen todos los juicios sumarios de consejos de guerra y tribunales especiales. Incluso quiere que el Rey pida perdón a los republicanos.

Más allá del juicio que nos merezcan algunas de estas pretensiones, Esquerra olvida que nuestra transición a la democracia se hizo sobre bases jurídicas y políticas muy diferentes a la manera en la que acabó el régimen nazi de Alemania o la ocupación alemana en Francia. Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones. Podemos, eso sí, reconocer pública y solemnemente que todas esas sentencias fueron injustamente dictadas y que el honor de quienes fueron condenados debe ser restituido ante la sociedad. Podemos recuperar la memoria de la guerra y de la represión franquista, construyendo un centro o museo símbolo de esa etapa, mirando de frente a la verdad y explicitando esa parte de nuestra historia (quizás como pretende IU en el Valle de los Caídos). Podemos facilitar y agilizar el acceso a la información de sumarios y archivos policiales de esa etapa represiva a millones de ciudadanos, aunque no podemos indemnizar a la mitad de los españoles por haber sufrido alguna represión lingüística, sexual, étnica o política.Podemos y -aquí añado yo- debemos, elaborar una ley para indemnizar a aquéllos que sufrieron mutilaciones o perdieron la vida en la defensa de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución. Como por ejemplo a las familias de las víctimas del 3 de Marzo de Vitoria y Basauri y tantos otros que todavía están exigiendo responsabilidades. Pero no será posible reabrir penalmente aquellos hechos porque la amnistía de 1977 lo fue para todos, también para las responsabilidades del viejo régimen represivo. Con todo, espero que veamos, en esta misma legislatura, esa ley que indemnice a las familias que sufrieron injustamente sus consecuencias.

La otra actitud extrema es la de quienes consideran que 'aquello ya pasó', la Transición cerró aquella etapa' y 'no conviene abrir heridas'. El PP se pretende cómodo en ese discurso, negándose a tratar todas estas cuestiones pendientes. Hay, incluso, un sector -más ultra que centrista- que ve con simpatía ese revisionismo histórico de pacotilla y se acoge con gusto a la teoría de que la culpa de aquella guerra 'fue de todos' y que 'represión y sufrimiento lo hubo para todos y por igual'. Olvida esta teoría algo fundamental y es que los vencedores de la guerra enterraron a sus muertos, recibieron honra y honores por su lucha y se acomodaron al régimen y disfrutaron de su victoria, mientras otros eran cruelmente reprimidos y todavía andan buscando por las cunetas de los pueblos el lugar exacto en el que los fusilaron. Olvidan también que el perdón que mutuamente nos dimos en 1977 no debe confundirse con el olvido ni con la injusticia y que nos quedan deudas con la historia, que la democracia debe compensar. Por ejemplo ayudando a la pobre gente que quiere enterrar a sus muertos dignamente o abonando una pensión no contributiva a 'nuestros niños de la guerra'. O indemnizando a las familias de los obreros de Vitoria, Granada, Ferrol, Tarragona, etcétera, que murieron sólo por ejercer el derecho a la huelga o a la manifestación o a la libertad, que es lo mismo.

Sí, afirmé en ese debate en el Congreso, tenemos deudas con la historia y la pregunta es: ¿Cómo debemos atenderlas? ¿Abrirá eso heridas inconvenientes? Si lo hacemos, ¿corremos el riesgo de introducir una nueva trinchera en el crispado campo de la política española?

No tiene por qué ser así, si lo hacemos bien y entre todos. La recuperación de la memoria del franquismo y de la Guerra Civil y las compensaciones aún pendientes a sus víctimas no tienen por qué representar un riesgo a la convivencia de los españoles de hoy si lo hacemos sin odios ni afanes vengativos. Sin sectarismos ni partidismos. Sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy ni quiere ni admite. A veces dudo si esto será posible con un PP empeñado en que todo se crispe y enfrente. Temo que esta recuperación consensuada de nuestra memoria histórica sea utilizada por la derecha para atribuirnos otra ruptura más, esta vez del espíritu de reconciliación de la Transición, sin comprender que una mirada más franca, más libre y más abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas hace más fuerte los fundamentos de nuestra convivencia. Las heridas de la historia no curan con su ocultamiento, sino con la verdad y la justicia. Los hijos de la guerra hicimos la reconciliación en la democracia. ¿No ha llegado el tiempo de que los nietos culminen la justicia para las víctimas antes de que se mueran?

[Fuente: Por Ramón Jauregui, Portavoz de la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, El Periódico, Barcelona, 06mar06]

Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública.

27sep06

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Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública.

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COMUNICADO DE LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS A LA OPINIÓN PÚBLICA

El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.

Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la larga noche del franquismo.

El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.

El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde hace más de quince años su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".

Vemos con esperanza el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.

En defecto de una ley de alcance general que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos. (*)

Celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, pero lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.

A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo al proyecto de ley de "memoria histórica" del Gobierno. (**)

Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo.

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Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura, Cáceres), José Moreno Salazar "Quincallero" (Agrupación Guerrillera de Los Jubiles), Miguel Padial (Agrupación Guerrillera de Granada), Julián Antonio Ramírez (FFI), Eduard Pons Prades (FFI )

 

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Adhieren al presente comunicado: (orden alfabético de organizaciones e individuos)

AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, Presidenta Ahaztuak 1936-1977 / Olvidad@s 1936-1977 Amigos de los Caídos por la Libertad (1939 – 1945), Memoria Histórica de la Región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, Presidente Regional Asamblea Republicana de Vigo "Amig@s da República", Celso Xosé López-Pazos, Vigo, Galicia Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (AGEMHA), Manuel Velasco Haro, Presidente Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español - Archivo Guerra y Exilio (AGE), Adelina Kondratieva, Presidenta, Moscú, Rusia; Dolores Cabra Laredo, Secretaria General Madrid, España Ateneo Obrero de Gijón, Asturias Ateneo Republicano de Vallecas, Madrid, España Colectivo Republicano Euskal-Herria - CREH Comisión Recuperación Memoria Histórica de Coruña, María Beatriz Gómez Amigo, Presidenta de CRMH d'AC Coordinadora Antifascista de Madrid DESPAGUE, Antonio Cruz González, Madrid, España Equipo Nizkor, Antonia Macías, Secretaria General Foro Memoria Castellar de Santiago, José María Melero Pérez, Madrid; José Félix Rojo Gormaz, Castellar de Santiago, España Foro por la Memoria-Campo de Gibraltar, Luis García Bravo, Algeciras, España Foro por la Memoria de León, Eduardo Silva Balafuy, León, España Fòrum per la Memoria del País Valencià, Amparo Salvador Villanova, Valencia, España Izquierda Unida de Fabero, Juan Carlos Alonso García, Fabero, León, España Liga Aragonesa de Mutilados e Invalidos de la Guerra Civil Española 1936/39, Juan Luis Serrano Calleja, Zaragoza, España Memoria y Libertad, Tomás Montero Aparicio, Madrid, España Plataforma Ciudadana de Cantabria por la III República, Cantabria

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• Abel Ruiz Sancho, Alcalá de Xivert, España
• Ainhoa Sala Aguilera
• Angeles Jiménez Santamaría, Madrid, España
• Carlos Francisco Velasco Souto, Oleiros, A Coruña, Galiza
• Carlos Peñacoba Navarro, Las Rozas, Madrid, Madrid
• Clara Ruiz Ponte
• Elena Sánchez-Lozano, Sotolargo, Castilla
• Fermín Sánchez Martín, Madrid, España
• Fernando Hernández Sánchez, Profesor de Secundaria, Fuenlabrada, Madrid, España
• Genaro Luis García López, Salamanca, España
• Henrique Porto Varela, Vigo, Galicia
• Javier Corcuera, Director del documental "La Guerrilla de la Memoria"
• Javier Lucas Ruiz, Madrid, España
• Jordi Grau i Gatell, L'Eliana, España
• José Antonio Conde Ares, A Coruña, España
• José Ignacio García Muniozguren, Casablanca, Marruecos
• José Sala Miguel, Cantabria, España
• Juan Diego García Mejía, Cantabria
• Juan Diego Pérez González, miembro de AGE, Madrid, España
• Juanjo Llorente, PCPV, Valencia, España
• Juan Miguel Morillo Alabort, Benigànim, España
• Julián de la Morena López, Ciudad Real, España
• Julián Marcelo Cocho, Valencia, España
• Julio Recuero Casado, Madrid, España
• Juncal Oyarzun, Irún, España
• Liles Garcia Garcia, Madrid, España
• Luis Lamela García, La Coruña, España
• Manuel Gil Prieto, miembro Foro por la Memoria de Aragón, Zaragoza, España
• Manuel Lage Alonso, Vigo, España
• Mar González, Salamanca, España
• María Dolores Díaz-Munio Roviralta, AGE Cantabria, Valencia, España
• María Jesús Haro Ibañez, Cantabria
• Pedro Calvillo Serrano, Jerez, España
• Pedro de Llano, Santiago de Compostela, España
• Pedro Laguna Guinea, Estepona, Málaga
• Ramón Ibáñez Roc, Alcossebre, España
• Ramon Real Bernal, Jerez de la Frontera, Cádiz, España
• Rosa María Pastor Gutiérrez, Barcelona, España
• Saúl Martín González, Madrid, España
• Vanessa Loriente Chilet, Alcala de Xivert, España
• Xaquin Rubido Muñiz, España
• Xose María Palacios Ares, Comisión Recuperación Memoria Histórica Coruña, Coruña, Galicia

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  Notas:

  (*) Consideramos que el marco analítico y jurídico para el debido tratamiento de esta cuestión lo proporciona el Informe conocido como "Informe Nizkor", que lleva por título: "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", y que se encuentra disponible en:
  http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html

  (**) La postura respecto del proyecto de ley de la práctica totalidad de las organizaciones y colectivos que trabajamos este tema en el Estado español, se haya reflejada en la Declaración: "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", disponible también en Internet en:
  http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/ilegal.html