Archivo del Caso Mauthausen en la Audiencia Nacional

Caso Mauthausen en la Audiencia Nacional.

Os enviamos información sobre el estado de la cuestión de la querella criminal contra los nazis que se llevó a cabo en el año 2008 desde el Equipo Nizkor, y a la que AGE, 

entre otras asociaciones, se sumó desde el primer momento.

Seguiremos trabajando hasta obtener justicia pese a la impunidad, las amenazas de censura y las intimidaciones judiciales al honor y la dignidad.

AGE mantendrá y preservará sus objetivos fundacionales y seguirá el ejemplo de la resistencia al fascismo que nos legaron nuestros mayores.

¡Ningún muro a la libertad, a la justicia y a la verdad!

Fraternalmente
Dolores Cabra
Secretaria General de AGE

El día 14 de abril de 2014, con evidente desprecio a las víctimas, el juez ha ordenado la conclusión del sumario del único juicio existente en España iniciado por víctimas republicanas en la 

jurisdicción ordinaria:

El juez cerró el 14 de abril el único sumario de víctimas republicanas.

El juez central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó el 14 de abril, fecha del aniversario de la República, un auto por el que cierra el único sumario de víctimas republicanas que permanecía abierto en la jurisdicción ordinaria española.

El juez declara concluso el sumario y lo eleva a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en concreto la Sección cuarta, que es la competente para archivar o no esta causa. El auto refleja que se abrió el sumario por los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, pero que se cierra por la limitación de la justicia universal decidida por el Parlamento en España.

 

El sumario había sido abierto en 2008, a raíz de una querella presentada contra cuatro nazis -ampliada después a un quinto- por 7 españoles supervivientes de campos de concentración nazis. Junto a ellos, firmaban la querella 4 viudas de españoles exterminados en los campos, 6 hijos de asesinados en estos campos, así como diversas asociaciones republicanas. [Ver aquí unas breves biografías de los firmantes de la querella, españoles supervivientes o descendientes directos de víctimas españolas exterminadas en campos de concentración]

El juez Ismael Moreno aplica el fin de la justicia universal que aprobó el PP en el Parlamento a través de una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde el 15 de marzo, esta reforma sólo permite juzgar casos de Genocidio y Lesa Humanidad siempre que el procedimiento se dirija contra españoles o residentes en España.

El auto declara conclusa la causa abierta contra estos cinco nazis que vivían en Estados Unidos y no tenían nacionalidad, ya que habían sido desnaturalizados al descubrirse su pasado como miembros de las SS responsables del genocidio nazi (Totenkops SS) en tres campos de concentración: Mauthausen, Sachesenhausen y Flossenbürg.

En un sucinto auto, Moreno resuelve que la legislación establece que los Juzgados y Tribunales españoles son competentes para juzgar delitos de Genocidio, Lesa Humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, "siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjeros que se encontrara en España cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".

Moreno también recuerda que la disposición adicional de la ley reformada establece que las causas que se estaban instruyendo cuando entró en vigor quedarán sobreseídas "hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecido en ella".

El juez cumple con este mandato, cierra el sumario y lo eleva a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que la competente para decidir si concurren los requisitos que limita la ley. En el auto, se incluye que la Fiscalía ya ha solicitado el cierre del caso y su elevación a la Sala.

Los nazis querellados son los SS Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Iwan (John) Demjanjuk. La querella se amplió además contra el guardia de campo de las SS Theodor Szehinskyj. Se da la circunstancia de que el año pasado Estados Unidos contestó afirmativamente para enviar a España a este nazi, pero no se ha ejecutado este traslado.

Todos ellos estaban siendo investigados por actos de persecución con fines de exterminio y otros crímenes contra la humanidad, incluidos ek asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

'Caballo de Troya' contra la impunidad del franquismo.

Esta querella fue presentada por víctimas españolas directas del nazismo con la ayuda de un grupo especializado en derecho internacional, el Equipo Nizkor. En realidad, se trata de un caballo de Troya: el objetivo final era abrir la competencia de la jurisdicción española a los delitos de Lesa Humanidad cometidos por España contra sus nacionales, en especial los cometidos por el franquismo ya nuestro país formó parte del Eje Alemán. Esto es, debilitar el edificio jurídico sobre la impunidad del franquismo construido desde la Ley de Amnistía de 1977. Así lo aseguran fuentes de este equipo jurídico.

Es la primera querella presentada en Europa que se ancla en la jurisprudencia sentada por los tribunales de Nuremberg, tras el fin de la II Guerra Mundial.

Movimientos de Alemania, Estados Unidos y Francia.

La querella ha suscitado desde que se interpuso, en el año 2008 , movimientos diplomáticos entre los países más afectados: Alemania -que condenó a sus nazis con el Código Penal interno, pero no con la doctrina de Nuremberg-; España -país donde se presenta la querella cometida contra republicanos exterminados por el nazismo-; Estados Unidos -donde viven o vivían los nazis querellados- y Francia, ya que se podría intentar la apertura de una causa similar en el país galo, ya que muchas víctimas habían combatido en dicho país y tenían la doble nacionalidad.

La querella fue interpuesta por las siguientes víctimas supervivientes de estos tres campos de concentración: David Moyano, Jean Ocaña, Henri Ledroit, Emilio Caballero, Ramiro Santiesteban, Virgilio Peña y Santiago Benítez. Todos ellos eran menores de 25 años cuando fueron deportados a los campos de concentración nazi.

A la querella se sumaron cuatro viudas de españoles asesinados en campos de extermino y seis hijos de asesinados, así como las siguientes asociaciones: Asociación para la creación del archivo de la Guerra Civil; las brigadas internacionales; los niños de la guerra; la resistencia y el exilio español y la asociación de familiares y amigos de represaliados de la II República por el franquismo.

[Fuente: Por Julia Pérez, Público, Madrid, 15abr 2014]

**Documentos Judiciales**

Juzgado Central de Instrucción Nº 2, Audiencia Nacional, Madrid, 14abril 2014

14 abril 2014


Con evidente desprecio a las víctimas el juez ordena la conclusión del sumario del único juicio por víctimas republicanas existente en la jurisdicción ordinaria el día 14abril 2014.


JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 2
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

SUMARIO 56/2009- C

A U T O

En Madrid a catorce de Abril de dos mil catorce

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El pasado 16 de Septiembre de 2009 se procedió a la incoación del presente sumario por delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, en virtud de querella formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana Isabel Lobera Argüelles en representación de D.David Moyano Tejerina y otros, habiéndose admitido posteriormente la personación como acusación popular de POLITEIA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROGRESO DE LOS INTERESES CIUDADANOS, de la FEDERACIÓN ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA , de la FUNDACION ACCIÓN PRO DERECHOS HUMANOS, de la ASOCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL, LAS BRIGADAS INTERNACIONALES, LOS NIÑOS DE LA GUERRA, LA RESISTENCIA Y EL EXILIO ESPAÑOL y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE REPRESALIADOS DE LA II REPÚBLICA POR EL FRANQUISMO Y DE LA ASOCIACIÓN DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARUCAS, ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE FUSILADOS Y DESAPARECIDOS DE NAVARRA POR EL GOLPE MILITAR EL 18 DE JULIO, COMISIÓN POR LA MEMORIA HISTÓRICA DEL 36 DE PONTEAREAS Y SALAMANCA MEMORIA Y JUSTICIA.

SEGUNDO.-En síntesis los hechos investigados se enmarcan en el periodo comprendido comprendido entre 1942 y abril de 1945 y tuvieron lugar en los campos de concentración nacionalsocialista de Mauthausen, donde estuvieron prisioneros mas de 7000 españoles, de los cuales murieron más de 4300 y en los de Sachsenhausen y Flossenbürg. Los prisioneros fueron sometidos a programas de exterminio diseñado por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. Los prisioneros recluidos en estos tres campos fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato. Una parte importante de españoles llegaron como prisioneros en convoyes de deportados procedentes de diversas ciudades europeas, siendo sometidos a tratos inhumanos, violencia… llegando incluso a la muerte en multitud de ocasiones.

TERCERO.- En autos de 17 de Septiembre de 2009 y 7 de Enero de 2011, se acordó el procesamiento de Johann Leprich, nacido en 1925 en Birk, (Rumanía) apátrida ,desnaturalizado como ciudadano estadounidense; ex nacional de Rumanía y Hungría ,Antón Tittjung, nacido en 1924 en Erdud, antigua Yugoslavia, actual Croacia, apátrida ,desnaturalizado como ciudadano estadounidense; ex nacional de Yugoslavia, Josias Kumpf y de John Demjamjuk ( Iwan Nikolaievich Demjamjuk) como cómplices de delitos de genocidio y lesa humanidad previstos y penados en los arts. 607 y 607 bis del Código Penal, al concurrir indicios de que dichas personas participaron en la persecución y castigo de las personas que ingresaban al campo, perteneciendo al batallón de las Totenkops SS y su prestación como guardias armados en los diferentes campos de concentración mencionados.

El procesamiento quedó sin efecto respecto a Josias Kumpf por auto de 27 de Octubre de 2009 y a John Demjamjuk por auto de 25 de Abril de 2012 , al acreditarse el fallecimiento de ambos.

CUARTO.- En escrito del pasado día 10 de Noviembre de 2011, la Procuradora Sra.Lobera Argüelles en la representación que ostenta ,solicitó ampliación de la querella inicial a los hechos imputados a THEODOR SZEHINSKYJ, interesando su prisión provisional y la emisión de Orden Internacional de Detención, admitiéndose la ampliación interesada por auto de 7 de Diciembre de 2011.

QUINTO.- Por auto de 26 de Febrero de 2013, se acordó el procesamiento del querellado THEODOR SZEHINSKYJ n/ el 14.2.1924 en Malnow ( Ucrania) residente en los EEUU, como cómplice de delitos de genocidio y lesa humanidad previstos y penados en los arts. 607 y 607 bis del Código Penal, disponiéndose asimismo su prisión provisional y al ignorarse su actual domicilio o paradero en España, se libraron comunicaciones a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, para que se procediera a su Búsqueda, Captura e Ingreso en Prisión a disposición de este Juzgado y a resultas de esta causa, librándose en este sentido las correspondientes requisitorias.

SEXTO.- En providencia de fecha 17 de Marzo del año en curso y ante la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal, que modifica los apartados 2, 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se acordó conferir traslado al Ministerio Fiscal para informe respecto al eventual alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en la presente causa respecto al/ los procesado/, así como sobre la conclusión del presente sumario y posterior sobreseimiento a acordar, en su caso, por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia, evacuándose el trámite mediante informe fechado el día 25 del mismo mes que es del tenor literal siguiente:

    "El Fiscal en el traslado conferido por providencia de fecha 17 de Marzo del 2014 DICE:

    1.- La causa se inició como consecuencia de la querella presentada por graves hechos criminales constitutivos de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el régimen nazi.En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenecientes a las SS Totenkopf, cuatro individuos identificados como: Johann Leprich (residente en Estados Unidos de América),Antón Tittjung (residente en Estados Unidos de América) Josias Kumpf (fallecido en Austria) Ivan (John) Demjanjuk (en la actualidad fallecido tras haber sido juzgado y condenado por un Tribunal de Munich -Alemania- como cómplice del crimen de genocidio en relación con hechos criminales distintos).

    En fecha 17 de septiembre del 2009 se dictó auto de procesamiento contra tres de los querellados por los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, acordándose la prisión provisional y el libramiento de las pertinentes órdenes de detención internacionales.

    El año 2011 se presentó una ampliación de la querella contra THEODOR SZEHINSKYI, que había prestado servicio para las SS Totenkopf en el campo de Sachsenhausen, donde conforme se ha acreditado en la instrucción de la causa se encontraban ilegalmente privados de libertad centenares de ciudadanos españoles, solicitándose de las autoridades estadounidenses a través de Comisión Rogatoria copia certificada de los documentos aportados como Anexos I-VI con el escrito de ampliación de la querella.

    En fecha 26 de Febrero del 2013 se ha dictado auto declarando procesado a THEODOR SZEHINSKYI y acordando la remisión de Comisión Rogatoria a EEUU a fin de valorar su estado físico y mental antes de emitir las Ordenes Internacionales de detención.

    2.- La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal introduce límites al ejercicio de la jurisdicción por los tribunales españoles en determinadas categorías delictivas recogidas fundamentalmente en los apartados 3 y 4 de la LOPJ.

    Además la disposición transitoria de la ley citada instaura un trámite especial de revisión de la jurisdicción de las causas en tramitación al establecer: "Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella."

    Los delitos de genocidio y lesa humanidad denunciados en las querellas interpuestas y reflejados en los autos de procesamiento son contemplados en el art. 23.4.a) de la LOPJ. lo que implica la apertura del trámite especial previsto en la citada disposición transitoria.

    Procede acordar la conclusión de sumario y la elevación de la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el citado apartado a) del art. 23.4 de la LOPJ. y ello aun cuando la norma no determine el órgano competente para este trámite.

    En el proceso ordinario la decisión de poner fin al procedimiento antes del Juicio Oral bien acordando el sobreseimiento libre del art. 627 o el sobreseimiento provisional art. 641 de la LECRIM. o porque se aprecie la concurrencia de un articulo de previo pronunciamiento del art. 666 de la LECRIM. corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial o en materias de su competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por tanto este nuevo trámite procesal instaurado por la reforma deberá acomodarse al sistema de competencia funcional previsto en el art. 15 de la LECRIM. donde distribuye las competencias entre los Juzgados de Instrucción. Juzgados de lo Penal y las Salas de lo Penal de la Audiencia Provincial, entrando claramente la decisión de archivo en esta última categoría. A mayor abundamiento el art. 666.1° prevé como artículo de previo pronunciamiento la declinatoria de jurisdicción, situación con evidentes analogías al trámite contemplado en la reforma.

    Por lo expuesto procede acordar la conclusión de sumario y la elevación de la causa a los efectos de cumplir con el trámite previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

    OTROSÍ 1°.- El Fiscal en relación con las Ordenes de Detención Internacional dictadas en la causa contra los procesados JOHANN LEPRICH, ANTÓN TITTJUNG y THEODOR SZEHINSKYI procede mantenerlas en vigor a la espera de la decisión que adopte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional"

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por Ley Orgánica 1/2014, de 3 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, se modifican los apartados 2, 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; disponiendo así el Art. 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse según la ley española como delito de Genocidio, Lesa Humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Asimismo, la citada ley establece en su disposición transitoria, que las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecido en ella.

SEGUNDO.- En el proceso ordinario la decisión del poner fin al procedimiento antes del juicio oral, ya sea acordando el sobreseimiento libre previsto en el art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento provisional previsto en el art. 641 de la citada Ley o se aprecie la concurrencia de un artículo de previo pronunciamiento de los previstos en el at. 666 de la misma Ley corresponde al órgano encargado del enjuiciamiento, en este caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

TERCERO.- Sentadas las anteriores bases legales, y a fin de que la Sala de lo Penal de esta Audiencia se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado a) del Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de cumplir con el mandato previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, o bien, adopte la decisión que estime pertinente, es procedente, según lo solicitado por parte del Ministerio Fiscal, acordar la conclusión del presente procedimiento y la elevación del mismo a la Sección 4ª de la citada Sala funcionalmente competente.

PARTE DISPOSITIVA

SE DECLARA CONCLUSO el presente sumario, que se remitirá a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado a) del Art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los efectos de cumplir con el mandato previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, o bien, adopte la decisión que estime pertinente.

Emplácese al Ministerio Fiscal y demás partes personadas ante dicha Sección por término de diez dias.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno

Así lo acuerda, manda y firma D. ISMAEL MORENO CHAMARRO, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional. Doy fé.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.


Informe de la Fiscalía solicitando el archivo del sumario N° 56/2009 de acuerdo a la Ley de cierre de la jurisdicción universal.

25 marzo 2014


Informe de la Fiscalía solicitando el archivo del sumario N° 56/2009 de acuerdo a la Ley de cierre de la jurisdicción universal.


FISCALÍA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SUMARIO N° 56/2009
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 2

AL JUZGADO:

El Fiscal en el traslado conferido por providencia de fecha 17 de Marzo del 2014 DICE:

1.- La causa se inició como consecuencia de la querella presentada por graves hechos criminales constitutivos de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, cometidos en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg bajo el régimen nazi.

En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenecientes a las SS Totenkopf, cuatro individuos identificados como:

    - Johann Leprich (residente en Estados Unidos de América)
    - Antón Tittjung (residente en Estados Unidos de América)
    - Josias Kumpf (fallecido en Austria)
    - Ivan (John) Demjanjuk (en la actualidad fallecido tras haber sido juzgado y condenado por un Tribunal de Munich -Alemania- como cómplice del crimen de genocidio en relación con hechos criminales distintos).

En fecha 17 de septiembre del 2009 se dictó auto de procesamiento contra tres de los querellados por los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, acordándose la prisión provisional y el libramiento de las pertinentes órdenes de detención internacionales.

El año 2011 se presentó una ampliación de la querella contra THEODOR SZEHINSKYI, que había prestado servicio para las SS Totenkopf en el campo de Sachsenhausen, donde conforme se ha acreditado en la instrucción de la causa se encontraban ¡legalmente privados de libertad centenares de ciudadanos españoles, solicitándose de las autoridades estadounidenses a través de Comisión Rogatoria copia certificada de los documentos aportados como Anexos I-VI con el escrito de ampliación de la querella.

En fecha 26 de Febrero del 2013 se ha dictado auto declarando procesado a THEODOR SZEHINSKYI y acordando la remisión de Comisión Rogatoria a EEUU a fin de valorar su estado físico y mental antes de emitir las Ordenes Internacionales de detención.

2.- La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal introduce límites al ejercicio de la jurisdicción por los tribunales españoles en determinadas categorías delictivas recogidas fundamentalmente en los apartados 3 y 4 de la LOPJ.

Además la disposición transitoria de la ley citada instaura un trámite especial de revisión de la jurisdicción de las causas en tramitación al establecer:

    "Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella."

Los delitos de genocidio y lesa humanidad denunciados en las querellas interpuestas y reflejados en los autos de procesamiento son contemplados en el art. 23.4.a) de la LOPJ. lo que implica la apertura del trámite especial previsto en la citada disposición transitoria.

Procede acordar la conclusión de sumario y la elevación de la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el citado apartado a) del art. 23.4 de la LOPJ. y ello aun cuando la norma no determine el órgano competente para este trámite.

En el proceso ordinario la decisión de poner fin al procedimiento antes del Juicio Oral bien acordando el sobreseimiento libre del art. 627 o el sobreseimiento provisional art. 641 de la LECRIM. o porque se aprecie la concurrencia de un articulo de previo pronunciamiento del art. 666 de la LECRIM. corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial o en materias de su competencia a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por tanto este nuevo trámite procesal instaurado por la reforma deberá acomodarse al sistema de competencia funcional previsto en el art. 15 de la LECRIM. donde distribuye las competencias entre los Juzgados de Instrucción. Juzgados de lo Penal y las Salas de lo Penal de la Audiencia Provincial, entrando claramente la decisión de archivo en esta última categoría. A mayor abundamiento el art. 666.1° prevé como artículo de previo pronunciamiento la declinatoria de jurisdicción, situación con evidentes analogías al trámite contemplado en la reforma.

Por lo expuesto procede acordar la conclusión de sumario y la elevación de la causa a los efectos de cumplir con el trámite previsto en la disposición transitoria de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

OTROSI 1°.- El Fiscal en relación con las Ordenes de Detención Internacional dictadas en la causa contra los procesados JOHANN LEPRICH, ANTON TITTJUNG y THEODOR SZEHINSKYI procede mantenerlas en vigor a la espera de la decisión que adopte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Madrid, 25 de marzo de 2014

Fdo: Pedro Martínez Torrijos


Recurso de reforma contra la Providencia preparatoria del archivo de la causa de las víctimas españolas en los campos de exterminio nazi.

20mar14


Recurso de reforma contra la Providencia preparatoria del archivo de la causa de las víctimas españolas en los campos de exterminio nazi.


JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 2
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

SUMARIO 56/2009-C

A L J U Z G A D O

Doña A. I. L. A., Procuradora de los Tribunales y de D. Don DAVID MOYANO TEJERINA, Doña SILVIA DINHOF-CUETO, Doña CONCEPCIÓN RAMÍREZ NARANJO, Don DONATO JESÚS DE COS BORBOLLA, Doña AURORE GUTIÉRREZ, Don JEAN OCAÑA, Don HENRI LEDROIT, Doña CANDIDA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Don ROMAIN PEREZ, Don PIERRE PÉREZ, Doña ROSITA JUAN STERQUEL, Doña PIERRETTE SAEZ CUTANDA, Don EMILIO BASILIO CABALLERO VICO, Don RAMIRO-EMETERIO SANTISTEBAN CASTILLO, Don VIRGILIO PEÑA CÓRDOBA, Don SANTIAGO BENÍTEZ MARÍN, Doña GINETTE OLIVARES y Don FABIEN GARRIDO GAYET, así como de la ASOCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL, LAS BRIGADAS INTERNACIONALES, LOS NIÑOS DE LA GUERRA, LA RESISTENCIA Y EL EXILIO ESPAÑOL y la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE REPRESALIADOS DE LA II REPÚBLICA POR EL FRANQUISMO, según tengo acreditado en Autos al margen reseñados, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:

1.- Que el 17 de marzo me fue notificada la Providencia dictada por este Juzgado en la misma fecha y mediante la cual, en virtud de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, se confiere traslado al Ministerio Fiscal para que "informe respecto al eventual alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en la presente causa respecto a los procesados, así como sobre la conclusión del sumario y posterior sobreseimiento a acordar, en su caso, por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal".

2.- Que si bien la mencionada Providencia confiere traslado únicamente al Ministerio Fiscal, a diferencia de lo dispuesto por el artículo 9.6 LOPJ y de las exigencias del principio de igualdad procesal,

Esta parte viene a a formular RECURSO DE REFORMA al amparo de los artículos 216 y ss., y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), contra la mencionada Providencia al considerar que la misma es gravosa a los legítimos intereses de mis representados, y en ello en base a las siguientes :

A L E G A C I O N E S

PRIMERA.- Las presentes actuaciones tienen origen en la querella interpuesta el 19 de junio de 2008 en representación de varias víctimas y familiares de víctimas españolas de los campos de concentración nacionalsocialistas de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenburg. Dicha querella se interpuso por una serie de actos delictivos cometidos sistemáticamente y a gran escala contra nacionales españoles en dichos campos, lo que convierte a estos actos en crímenes a la luz del derecho internacional, dada su gravedad, y también a la luz del derecho interno español vigente.

Está incorporada a las presentes actuaciones numerosa prueba documental que sustenta la existencia de víctimas españolas en dichos campos, así como el origen español, o la nacionalidad española de origen, de víctimas directas personadas y familiares de víctimas.

El 15 de marzo próximo pasado, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, que confiere una nueva redacción, entre otros, a los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la LOPJ y que ahora dispone:

    «4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:

    a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas...

    5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos:

    a)...

    b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que:

    1.° la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español;...»

Es decir, esta Ley Orgánica despoja a los nacionales españoles del amparo de los tribunales españoles cuando habiendo sido víctimas de los crímenes más graves en la escala de reproche penal, dichos crímenes se hayan cometido fuera del territorio español por ciudadanos extranjeros no residentes o que no se encuentren en suelo español.

Y además la Disposición transitoria única de esta nueva Ley Orgánica señala que "[L]as causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hacen referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimento de los requisitos establecidos en ella".

En el presente caso no concurre el supuesto previsto en el nuevo artículo 5 b), ya que los hechos objeto de la presente causa no son objeto de procedimiento alguno ni en la República Federal de Alemania, ni en Austria ni en los países de origen de ninguno de los procesados. El propio Auto de 17 de julio de 2008 declarando la competencia de este Juzgado en la presente causa estimó que esta circunstancia - que se haya perseguido el hecho en el lugar de comisión o por otro Tribunal- "no consta en el caso que nos ocupa".

La condición establecida en el nuevo artículo 4 a), de aplicarse al presente caso, supondría de facto una derogación del artículo 24.1 de la Constitución española de 1978 - tutela judicial efectiva- para los ciudadanos españoles víctimas de crímenes graves en el extranjero cuando hayan sido cometidos por extranjeros que no se encuentren en territorio español.

El apartado 4 a) del artículo 23 de la LOPJ, reformada por la LO 1/2014, de 13 de marzo, así como la Disposición Transitoria Única, resultan inaplicables a casos como el presente, dado que son violatorios de derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por tanto, sólo cabe, a nuestro entender, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por los cauces previstos en los artículos 35 y ss. de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Lo contrario sería incurrir en una denegación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24.1 de la CE en su vertiente de acceso a la jurisdicción, siendo, como es sabido, que este derecho constituye el primero y núcleo fundamental de los que se contienen en el derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, como se ha expresado la aplicación retroactiva de la LO 1/2014 a las causas en trámite, no es una mera disposición de carácter procesal, sino que afecta de lleno al ejercicio de un derecho fundamental cual es el derecho a la tutela judicial efectiva.

En este sentido la STC 223/2001 señala que "desde la STC 37/1995, de 7 de febrero, este Tribunal ha venido reiterando que el núcleo del derecho fundamental a la tutela judicial proclamado por el artículo 24.1 CE consiste en el acceso a la jurisdicción".

En Tribunal Constitucional, en los Fundamentos Jurídicos de su STC 084/2000 (Sala Primera. STC 84/2000, de 27 de marzo de 2000), expone que el derecho de acceso al proceso "de acuerdo con nuestra consolidada doctrina, constituye el primero de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva y, por ello, sobre él se proyecta con toda su intensidad el principio pro actione, exigiendo un control riguroso de la decisión judicial que impide conocer de la pretensión suscitada por la parte. Y si bien es cierto que, en la medida en que dicho derecho se ejercita conforme a la configuración prevista por el legislador, los órganos judiciales pueden apreciar una causa impeditiva del pronunciamiento sobre el fondo, no lo es menos que la apreciación de dicha causa debe hacerse, desde la perspectiva constitucional, conforme a un criterio respetuoso para con el derecho fundamental, rechazando aquellas decisiones que por su rigorismo o excesivo formalismo revelen una clara desproporción entre el defecto o causa en que justifiquen el cierre del proceso y la consecuencia que se deriva para la parte, que es la imposibilidad de obtener un pronunciamiento judicial sobre su pretensión, pretensión para la que el acceso al procedimiento quedará definitivamente impedido (entre la abundantísima jurisprudencia constitucional, SSTC 13/1981,de 22 de abril, 115/1984, de 3 de diciembre, 87/1986, de 27 de junio, 154/1992, de 19 de octubre, 112/1997, de 3 de junio, 8/1998, de 13 de enero, 38/1998, de 17 de febrero, 207/1998, de 26 de octubre, 130/1998, de 16 de junio, 16/1999, de 22 de febrero, y 135/1999, de 15 de julio)."

En el caso de las escasas víctimas españolas sobrevivientes de los campos de concentración del III Reich, no cabe duda de que de considerar la reciente Ley Orgánica por encima de la norma constitucional, el acceso al procedimiento quedará definitivamente impedido al disponer esta nueva norma el sobreseimiento de los casos y debido además a la avanzada edad de víctimas directas, y también de victimarios, lo cual no está exento de una injustificable carga de iniquidad.

Por otra parte, la denegación de acceso a la jurisdicción de las víctimas españolas del presente caso, tras haberse declarado competente este Juzgado mediante Auto de 17 de julio de 2008, supone también una violación del principio de igualdad ante la ley garantizado por el artículo 14 de la Constitución Española.

SEGUNDA.- En el Auto de 17 de julio de 2008 por el que este Juzgado se declaró competente para conocer de las presentes actuaciones, se invoca el hecho de que el Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de febrero de 2003, recuerda que "la extensión del principio de extraterritorialidad de la ley penal, en consecuencia, se justifica por la existencia de intereses particulares de cada Estado, lo que explica que actualmente resulte indiscutible el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional, sobre la base del principio real o de defensa o de protección de intereses y del de personalidad activa o pasiva. En esto caso el establecimiento unilateral de la jurisdicción tiene su sentido y apoyo fundamental, aunque no exclusivo, en la necesidad de proveer a la protección de esos intereses por el Estado nacional".

Y también se expresa en el mismo Auto lo siguiente:

    "La categoría de los crímenes contra la humanidad es una categoría de preexistente en el Derecho Internacional, de origen consuetudinario, que establece la prohibición de actos inhumanos contra la población civil y persecuciones políticas, raciales, religiosas de carácter imperativo, ius cogens, que impone a los Estados una obligación de perseguir y castigar. El desvalor de la conducta de los crímenes contra la humanidad pertenece al derecho internacional consuetudinario en vigor desde hace muchas décadas, con eficacia erga omnes aplicable también a España".

¿Cómo puede una Ley Orgánica derogar una norma de ius cogens internacional, cual es la prohibición de la comisión de crímenes contra la humanidad, y dejar fuera de la jurisdicción española a ciudadanos españoles?

Tal y como expresaba esta parte en su escrito inicial de querella, "[E]l Reino de España, en cuanto Estado miembro de las Naciones Unidas y mediante su práctica convencional a lo largo de las últimas décadas, ha reconocido y se ha vinculado por una serie de normas y principios de Derecho Internacional General que, dada la extremada importancia del bien jurídico protegido, se han convertido en ius cogens internacional, esto es, normas perentorias, de obligado cumplimiento para los estados de la comunidad internacional, no susceptibles de derogación alguna".

Este principio ha quedado reconocido por el derecho internacional desde el establecimiento del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que tenía jurisdicción sobre los crímenes cometidos por los principales criminales de guerra del Eje Europeo, independientemente del lugar de su comisión.

El 13 de febrero de 1946 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 3 (1), en la que "toma conocimiento de la definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 8 de agosto de 1945", es decir tal cual figuran en el artículo 6 y siguientes del Estatuto.

Estos principios fueron integrados en las sentencias del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 30 de septiembre y 1 de octubre de 1946. El entonces Secretario General de la ONU, Trygve Lie, en su informe complementario, sugirió el 21 de octubre de 1946 que los Principios de Nuremberg fuesen adoptados como parte del Derecho Internacional.

De este modo, los principios articulados en el Estatuto y las sentencias de Nuremberg fueron confirmados en 1946 como principios de derecho internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 95 (I).

El efecto de las resoluciones mencionadas es consagrar con alcance universal el derecho creado en dichos Estatuto y sentencias |1|.

El tenor literal de la mencionada resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946 es el que sigue:

    95 (I). Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Nuremberg.

    La Asamblea General,

    Reconoce la obligación que tiene, de acuerdo con el inciso (a) del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta, de iniciar estudios y hacer recomendaciones con el propósito de estimular el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación;

    Toma nota del Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945, y del Estatuto anexo al mismo, así como del hecho de que principios similares han sido adoptados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juicio de los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, promulgados en Tokio el 19 de enero de 1946.

    Por lo tanto,

    Confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal:

    Da instrucciones al Comité de codificación de Derecho Internacional, establecido por resolución de la Asamblea General de 11 de diciembre de 1946, para que trate como un asunto de importancia primordial, los planes para la formulación, en una codificación general de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o de un Código Criminal Internacional, conteniendo los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las sentencias de dicho Tribunal.

    Quincuagésima quinta sesión plenaria,

    11 de diciembre de 1946.

A su vez, mediante resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947, relativa a la Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, la Asamblea General, decide confiar dicha formulación a la Comisión de Derecho Internacional, encargando a esta Comisión:

    a) Que formule los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg; y

    b) Que prepare un proyecto de código en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, en el cual se indique claramente la función que corresponde a los principios mencionados en el precedente inciso a).

La Comisión, en su primera reunión de mayo a junio de 1949, elaboró dichos Principios y Delitos, adoptándolos en 1950 |2|. Tales principios se transcriben a continuación:

    Principio I. Toda persona que cometa un acto que constituya delito bajo el Derecho Internacional es responsable del mismo y está sujeta a sanción.

    Principio II. El hecho de que el Derecho nacional no sancione un acto que constituya delito bajo el Derecho Internacional no exime de responsabilidad, conforme al mismo derecho, al ejecutor de tal delito.

    Principio III. El hecho de que una persona que haya cometido un acto que constituya un crimen conforme al Derecho Internacional, haya actuado como Jefe de Estado o como funcionario público, no le exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional.

    Principio IV. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior no lo exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de elección moral. Sin embargo, puede esta circunstancia ser tomada en consideración para atenuar la pena si la justicia así lo requiere.

    Principio V. Toda persona acusada de un delito conforme al Derecho Internacional, tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho.

    Principio VI. Los crímenes que se enumeran a continuación son punibles bajo el Derecho Internacional:

    a) Crímenes contra la paz; a saber:

    1. Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos y garantías internacionales.
    2. Participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso 1.

    b) Crímenes de guerra; a saber:

    Las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. Tales violaciones comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitante, el asesinato, el maltrato o la deportación para realizar trabajos en condiciones de esclavitud, o con cualquier otro propósito, de poblaciones civiles en territorios ocupados, o que en ellos se encuentren; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o personas en el mar; la matanza de rehenes; el saqueo de la propiedad pública o privada; la destrucción incondicional de ciudades, villas o aldeas ,o la devastación no justificada por las necesidades militares.

    c) Crímenes contra la Humanidad; a saber:

    El asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra una población civil, o las persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar cualquier delito de guerra, o en relación con tales delitos.

    Principio VII. La Complicidad en la perpetración de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la Humanidad de los enumerados en el Principio VI es un crimen bajo el Derecho Internacional |3|.

Estos principios relativos a la responsabilidad del individuo y de los agentes del Estado en la comisión de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz, se fueron también plasmando en las diversas versiones que la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha ido elaborando acerca del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, como la de 1954 o la de 1996.

En su Informe sobre la constitución de un Tribunal Internacional encargado de juzgar a "las personas presuntamente responsables de violaciones graves del derecho humanitario internacional cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia" desde 1991, el Secretario General de la ONU ha enumerado varias convenciones e instrumentos de derecho internacional que en su opinión forman parte del Derecho Internacional consuetudinario, a saber:

    a) el Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Convenio núm. IV) y el Reglamento anexo al mismo, de 18 de octubre de 1907

    b) el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945,

    c) la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948,

    d) los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra. |4|

La constatación por el Secretario General del carácter consuetudinario de estos instrumentos es vinculante para todos los Estados conforme al artículo 25 de la Carta de la ONU, pues el Consejo de Seguridad aprobó el Informe del Secretario General sin ninguna reserva (S/Res. 827, 25 de mayo de 1993, párr. 2).

Por último, y si tenemos en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional orientó su trabajo hacia la entonces futura creación de una Corte Penal Internacional, es necesario añadir que el Estatuto de esta Corte, aprobado en Roma en julio de 1998 por 120 votos a favor, 21 abstenciones y sólo 7 votos en contra, se hace eco de los principios de Nuremberg en su artículo 25 sobre responsabilidad penal individual, artículo éste enmarcado bajo la rúbrica de "Principios Generales de Derecho Penal".

Todo ello ilustra claramente la obligación erga omnes que tienen todos los Estados de la comunidad internacional de aplicar los principios emanados de Nuremberg, entre otras razones, porque la mera pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas mediante la aceptación del estatuto de la misma lleva ínsita la aceptación y el compromiso por hacer cumplir los principios que, emanados de Nuremberg, han pasado a ser Derecho Internacional de obligado cumplimiento, tanto consuetudinario como convencional.

Los crímenes de lesa humanidad y las normas que los regulan forman parte pues del ius cogens. Como tales son normas imperativas del derecho internacional general que, tal como lo reconoce el Artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), no pueden ser modificadas o revocadas por tratados o por leyes nacionales. Este Artículo dispone: "una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter".

Como explica el Profesor Cherif Bassiouni, destacado experto en este campo del derecho, "el ius cogens se refiere al estatuto legal que alcanzan ciertos crímenes internacionales, y la obligación erga omnes se deriva de los efectos legales que tiene la caracterización de determinado crimen como sujeto al ius cogens... Existe suficiente fundamentación legal para llegar a la conclusión de que todos estos crímenes forman parte del ius cogens". Así lo reconoció la Corte Internacional de Justicia en el fallo sobre el asunto Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd.

El crimen contra la humanidad es claramente un crimen de Derecho Internacional.

Como señaló la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, "la violación grave y a gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el genocidio y el apartheid" es un crimen internacional. Esto quiere decir que su contenido, su naturaleza y las condiciones de su responsabilidad vienen establecidas por el Derecho Internacional con independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de los Estados. La obligación internacional de los Estados es la de juzgar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad, y más aún si tales crímenes han sido cometidos contra los propios nacionales.

Esta especial naturaleza de que goza en derecho internacional la prohibición de los crímenes contra la humanidad, choca de lleno con lo afirmado en la Exposición de Motivos de la LO 1/2014, de 13 de marzo, donde dice: "... y la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional."

Por su parte, y como muestra de la jerarquía que el propio derecho al acceso a la justicia está adquiriendo en derecho internacional, reproducimos las siguientes afirmaciones del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Corte IDH"), Sr. A.A. Cançado Trindade, en su voto concurrente y razonado a la sentencia Almonacid Arellano y otros, de 26 de septiembre de 2006, en la que se condena al Estado chileno por el asesinato en 1973 del Sr. Arellano en cuanto crimen contra la humanidad:

    19. [N]ingún Estado puede acudir a artificios para violar normas del jus cogens; las prohibiciones de este último no dependen del consentimiento del Estado. En su muy reciente Sentencia, de hace cuatro días, en el caso Goiburú y Otros versus Paraguay (del 22.09.2006), la Corte Interamericana amplió el contenido material del jus cogens de modo a abarcar el derecho de acceso a la justicia en los planos nacional e internacional, en el sentido en que venía yo propugnando en el seno de la Corte hace ya algún tiempo, tal como señalé en mi Voto Razonado (párrs. 62-68) en este caso. |5|

La propia Corte IDH en su sentencia relativa al caso La Cantuta, de 29 de noviembre de 2006, - por la que condena al Estado Peruano por los hechos de La Cantuta también en cuanto crímenes contra la humanidad- afirma que el derecho de acceso a la justicia constituye una norma imperativa de derecho internacional:

    160. Según ha sido reiteradamente señalado, los hechos del presente caso han infringido normas inderogables de derecho internacional (ius cogens). En los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana, los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal para estos efectos. El acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el Derecho Internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos de esa índole, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. La Corte recuerda que, bajo el mecanismo de garantía colectiva establecido en la Convención Americana, en conjunto con las obligaciones internacionales regionales y universales en la materia, los Estados Parte en la Convención deben colaborar entre sí en ese sentido. |6|

Esas obligaciones universales, según la propia Corte, son:

La Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, Preámbulo y artículo 1.3; Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948; Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de las Naciones Unidas, resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1966; Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos; Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General de 26 de noviembre de 1968 [no ratificado por España, pero que contiene principios de ius cogens]; Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, resolución 260 A (III) de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1948; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, resolución 39/46 de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1984; Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, G.A. Res. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (no. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992), artículo 14; Principios de las Naciones Unidas sobre la efectiva prevención e investigación de ejecuciones extra-legales, arbitrarias y sumarias, E.S.C. Res. 1989/65, U.N. Doc. E/1989/89 para. 18 (24 de mayo de 1989); Principios de las Naciones Unidas de Cooperación Internacional en la Detección, Arresto, Extradición y Sanción de Personas Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, G.A. Res. 3074, U.N. Doc. A/9030 (1973); Resolución sobre la cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, G.A. Res. 2840, U.N. Doc. A/Res/2840 (1971); Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de la Comisión de Derecho Internacional de 1996; Proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Consejo de Derechos Humanos de Naciones\ Unidas, 1er periodo de sesiones, tema 4 del programa, A/HRC/1/L.2, 22 de junio de 2006; Declaración sobre el Asilo Territorial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 2312 (XXII) de 14 de diciembre de 1967, y Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, 189 U.N.T.S. 150, adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas\ (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), de 14 de diciembre de 1950. |7|

El 21 de marzo de 2006 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó los: "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones" (A/60/509/Add.1). Esta Resolución lo que hace es sistematizar y ratificar una serie de principios de derecho internacional. Destacamos, a los efectos que aquí interesa, lo siguiente:

    "[...] II. Alcance de la obligación

    3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:

    a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;

    b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional;

    c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación;

    d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante. [énfasis añadido]

    III. Violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional

    4. En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables.

    5. Con tal fin, cuando así lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados incorporarán o aplicarán de otro modo dentro de su derecho interno las disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicción universal. |8|

Los Principios y Directrices contemplan también el derecho de las víctimas a disponer de recursos y de acceso a la justicia:

    "VIII. Acceso a la justicia

    12. La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. Otros recursos de que dispone la víctima son el acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno". |9| [énfasis añadido]

Así pues, por un lado, es falso que los límites y exigencias (condiciones para el ejercicio de la jurisdicción) impuestos por esa ley sean los propios del derecho internacional, como se afirma torticeramente en la Exposición de Motivos. Y por otro lado, el clasificar los casos en que las víctimas son nacionales españoles como casos de "jurisdicción universal" no es más que una argucia para negar la tutela judicial efectiva a las víctimas españolas de crímenes que por su gravedad repugnan a la conciencia de la humanidad, y en este caso, a las víctimas que por su condición de republicanos o de familiares de republicanos (muchos de los deportados fueron menores de edad) sufrieron persecución durante la Segunda Guerra Mundial, lo que de nuevo nos coloca ante la cuestión de que se está ante un problema de tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, y no ante una cuestión de "justicia universal", la cual además no existe en la jurisdicción española desde la reforma operada a la LOPJ en 2009 mediante la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (reforma que no afectó al presente caso, precisamente por el carácter de nacionales españoles de las víctimas y/o familiares).

TERCERA.- A solicitud de esta parte, este Juzgado dictó Auto de imputación contra el SS Totenkopf Theodor Szehinskyj en las presentes actuaciones el 7 de diciembre de 2011. También a solicitud de esta parte, este Juzgado dictó Auto de procesamiento contra el querellado el 23 de febrero de 2013. En el interregno se cursó Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades estadounidenses, para que éstas avalaran la autenticidad de la prueba documental aportada, y también en ese interregno se recibió la respuesta de tales autoridades confirmando la prueba. El 20 de noviembre de 2012, mis representados presentaron además un escrito explicando la situación procesal en los EE.UU del entonces imputado, esto es, el hecho de que se encuentra inmerso en un procedimiento de "removal" o mera expulsión/deportación (que no de extradición), tras habérsele despojado de su cédula de ciudadanía estadounidense, e informamos a este Juzgado los detalles de este tipo de procedimiento, así como del hecho que la puesta del querellado a disposición de las autoridades españolas, una vez procesado, se podría materializar con la mera emisión de un título de viaje a su nombre por parte de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, pues ya no era, y no es, ciudadano de los Estados Unidos y se encuentra localizado en este país pendiente de expulsión al país que lo acepte.

Es de señalar, que los derechos del procesado han sido cautelados por los tribunales correspondientes de los Estados Unidos.

Lo cierto es, procesalmente hablando, que al menos desde la fecha del Auto de Procesamiento este Juzgado podría haber activado la entrega del procesado a las autoridades españolas mediante la mera orden a Consulares de emitir un título válido de viaje para el mismo y que este proceder, como hemos mantenido en sendos escritos de 20 de noviembre de 2012 y 4 de marzo de 2013, es acorde a derecho.

Lo antedicho es especialmente relevante si se tiene en cuenta que forma parte de las presentes actuaciones una Diligencia de 27 de noviembre de 2012 de este mismo Juzgado, dejando constancia de que la Embajada de los EE.UU. en España ha informado mediante comunicación telefónica que el querellado "ha sido objeto de orden de deportación de las autoridades judiciales del citado país y que podría ser deportado a España".

Pero además, mediante comunicación escrita recibida en este Juzgado en marzo de 2013, la Embajada de los EE.UU. en España informa fehacientemente que mediante la recepción por parte de las autoridades estadounidenses del correspondiente título de viaje el procesado puede ser deportado a España.

Es evidente que por economía procesal y para no incurrir en dilación indebida (máxime teniendo en cuenta la avanzada edad de víctimas, familiares y, por supuesto, del propio procesado), el iter procesalmente adecuado habría sido el de la ordenación del título de viaje y su envío a las autoridades estadounidenses competentes, y no así el libramiento de una nueva Comisión Rogatoria, como se hizo el mismo 23 de febrero de 2013, "a la autoridad competente de los EEUU de América a fin de que se aporte información sobre el estado de las facultades volitivas e intelectivas del referido procesado y si padece, en su caso, alguna enfermedad crónica que le impidiera o dificultara de forma grave la asistencia a juicio". Entre otras razones, y como ya informamos por escrito oportunamente, porque en el marco del procedimiento de removal, dicho examen se ha de practicar de todos modos, como parte de una serie de recaudos del derecho a defensa.

Además, el envío de dicho título de viaje era lo acorde a la finalidad pretendida por la letra del Auto de procesamiento de 26 de febrero de 2013, esto es: poner al procesado a disposición de esta autoridad judicial para dar debido curso procesal a la causa, ya que existen pruebas válidas que sustentan que Theodor Szehinskyj ha participado en la comisión de crímenes contra la humanidad contra nacionales españoles en el KZ de Sachsenhausen, tal y como consta en el Auto de procesamiento de 26 de febrero de 2013.

La realidad procesal de este caso es que la persona criminalmente responsable, siguiendo la terminología de la LO 1/2014, de 13 de marzo, puede ser deportada a España, y por consiguiente puesta a disposición de las autoridades españolas, en cuanto este Juzgado acuerde la activación de la última fase del procedimiento de removal en coordinación con las autoridades estadounidenses. Esta posibilidad, también procesalmente hablando, existe como hemos indicado, desde hace prácticamente un año, y ahora se da la circunstancia de que gracias a la dilación incurrida, la Disposición transitoria única de la LO 1/2014 viene a cerrar el caso.

Sea como fuere, la viabilidad del presente procedimiento ha quedado ya gravemente afectada, debido a la avanzada edad de los concernidos.

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito junto con su copia, se sirva admitir el presente RECURSO DE REFORMA contra la Providencia de 17 de marzo de 2014 y tras los trámites pertinentes se acuerde haber lugar al mismo, esto es, se acuerde la continuidad de las presentes actuaciones y se plantee la cuestión de inconstitucionalidad por los cauces legales previstos para ello.

Es justicia que pido en Madrid, al vigésimo día de marzo de dos mil catorce.


Notas:

1. Nur. U.S. Mil. Trib, 4 Dec. 1947, Justice Trial, A.D., 1947, 282; Canada, High Court of Justice, 10 July 1989, Regina v. Finta, I.L.R., 82, p. 441

2. Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre los trabajos de su segunda sesión, ILC Yearbook 1950 Vol II Doc.A/1316 pp. 374-378.

3. Osmañczyk, Edmund J., Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, pp. 787-788.

4. Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993), UN Doc. S/25704, 3 May 1993, párr. 35 

5. Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. (Serie C) No. 154. 26 de septiembre de 2006. Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, párr. 19. Disponible en http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/almonacid.html (con índice de lectura) y en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf (visitadas por última vez el 19mar14).

6. Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. (Serie C) No. 162. 29 de noviembre de 2006, párr. 160. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/cantuta3.html (visitada por última vez el 19mar14).

7. Ibid., p. 87 

8. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 de marzo de 2006, p. 5 

9. Ibid., p. 6.


**Comunicados**
Cierre del último caso posible a favor de las víctimas españolas de los campos de exterminio de la IIGM.

18 marzo 2014

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Cierre del último caso posible a favor de las víctimas españolas de los campos de exterminio de la IIGM.

NOTA DE PRENSA


Caso Szehinskyj

Mediante la divulgación de los documentos bajo la rúbrica "Caso Szehinskyj" estamos haciendo público por primera vez este caso que se sustancia ante la Audiencia Nacional dentro del procedimiento contra varios SS Totenkopf, ya que el devenir de este caso, y del procedimiento en su conjunto, es expresión del problema de la impunidad en España, y, por tanto, hay que verlo como un acto más de perfección del sistema (modelo de impunidad) y no como un tema de "justicia universal".

El pasado día 15 de marzo de 2014 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal (http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/jun27.html), cuya Disposición Transitoria Única dispone: "Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos [crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etc.] a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella".

Tenemos razones fundadas para pensar que el motivo real que subyace en esa reciente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar la jurisdicción de los tribunales españoles y disponer el archivo de varios casos, es la oposición a la causa referida y que se conoce como "Caso Mauthausen", ya que es la ÚNICA en condiciones procesales de llegar a un juicio oral y a una sentencia, situación procesal que no se ha concretado a fecha de hoy por decisión deliberada de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Juez del caso, pues desde hace aproximadamente un año se reunieron las condiciones procesales para tener a uno de los procesados en suelo español y a disposición de la justicia española (como es sabido, en el ordenamiento jurídico español no existe el juicio en contumacia o ausencia, con lo que sólo si la/s persona/s acusada/s se encuentran a disposición de las autoridades judiciales españolas, se concretiza la posibilidad de llegar a juicio).

Theodor Szehinskyj reside en los Estados Unidos, si bien le fue revocada su ciudadanía estadounidense tras un proceso de desnaturalización motivado por su pasado nazi y su participación en la persecución del Gobierno nacionalsocialista de Alemania contra prisioneros por motivos de raza, religión y origen nacional en el periodo en que sirvió como guarda armado de campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial

Se desempeñó como guardia de las SS Totenkopf, entre otros, en el campo de concentración de Sachsenhausen, (situado a las afueras de la ciudad de Oranienburg, unos 29 km. al Norte de Berlín), campo en el que estuvieron detenidos centenares de nacionales españoles, entre ellos Francisco Largo Caballero, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, que durante la Segunda República Española fue Ministro de Trabajo (1931-1933) y ya durante la Guerra Civil Presidente del Gobierno.

Las acusaciones particulares y populares representadas por el Equipo Nizkor en la causa, solicitaron la ampliación de querella respecto de Theodor Szehinskyj mediante escrito registrado el 16nov11 en la Audiencia Nacional, y ello por "por violación de las leyes y usos de la guerra en vigor en la fecha de los hechos y por los delitos de asesinato, exterminio por motivos políticos, persecución por motivos políticos, esclavitud, trabajos forzados, deportación, detención ilegal, tortura y por actos inhumanos cometidos contra nacionales españoles... en su carácter de población civil y en cuanto prisioneros de guerra, delitos todos ellos con origen en actos que por su carácter sistemático y a gran escala constituyen crímenes contra la humanidad."

El juez titular el Juzgado Central Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó auto de imputación (http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/szehinskyj8.html contra el mismo el 07dic11, acompañado de Comisión Rogatoria a los EE.UU. para que autoridades de ese país certificaran la documentación probatoria presentada contra el imputado.
El 11sep12 las acusaciones representadas por el Equipo Nizkor solicitaron el procesamiento (http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/szehinskyj1.html del imputado y la emisión de orden internacional de detención contra el mismo, días después de que, tras varios meses, entrara en el Juzgado la respuesta de las autoridades estadounidenses, confirmatoria de la documentación probatoria.

El 20nov12, las acusaciones representadas por el Equipo Nizkor presentaron un escrito solicitando al titular del JCI Núm. 2 que ordenara a Asuntos Consulares la emisión de un título de viaje a nombre del imputado,"pues ya no es ciudadano de los Estados Unidos, se encuentra localizado en este país y sometido a un procedimiento de 'removal'", esto es, de simple entrega y no de extradición.

El 26feb13 el Juez Titular del JCI Núm. 2 dictó auto de procesamiento contra Theodor Szehinskyj, pero en lugar de decretar Orden Internacional de Detención, como había hecho respecto de otros procesados en el mismo caso, ordena "librar comunicación a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, para que se proceda a su Búsqueda, Captura e Ingreso en Prisión a disposición de este Juzgado y a resultas de esta causa, librándose en este sentido las correspondientes requisitorias", si bien de las actuaciones resulta que el procesado se halla localizado en los Estados Unidos y "ha sido objeto de orden de deportación de las autoridades judiciales del citado país y que podría ser deportado a España".

Esto quiere decir que al menos desde la fecha del Auto de Procesamiento, el Juzgado en cuestión podría haber activado la entrega del procesado a las autoridades españolas mediante la mera orden a Consulares de emitir un título válido de viaje para el mismo, y sin lugar a dudas, esta posibilidad devenía cierta después de que "mediante comunicación escrita [de] marzo de 2013, la Embajada de los EE.UU. en España informa fehacientemente [al Juzgado] que mediante la recepción por parte de las autoridades estadounidenses del correspondiente título de viaje el procesado puede ser deportado a España." Obtenido el título de viaje, la entrega del procesado se podría haber producido en un tiempo aproximado de dos meses.

Desde entonces, tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el mismo Juzgado han recurrido a toda suerte de maniobras procesales dilatorias, especialmente graves si se tiene en cuenta la avanzada edad de víctimas, familiares y, por supuesto, del propio procesado.
Por otra parte, se trata también de la única causa sobre hechos que afectan a la historia de España: la alineación de España con las Potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de nacionales españoles, especialmente en el campo de Mauthausen.

Este archivo, ordenado por la ley 1/2014, de 13 de marzo, tiene un agravante de crueldad, dado que la edad de las víctimas y de los victimarios nos permite decir que intencionadamente están cerrando toda posibilidad histórica de justicia en España por estos crímenes.
En todo caso, las acusaciones particulares y populares representadas por el Equipo Nizkor en la causa, mantendrán las apelaciones y recursos necesarios, hasta agotar la jurisdicción, muy posiblemente ante el Tribunal Constitucional. Y decimos muy posiblemente, porque la capacidad de ingeniería jurídica y política de los distintos Gobiernos es enormemente imaginativa cuando se trata de mantener la impunidad.

Es un acto más de desprecio a las víctimas del franquismo y de continuidad de la defensa de los criminales de guerra nacionalsocialistas y franquistas; esta actuación permite cerrar en forma prácticamente definitiva y con manifiesta iniquidad las responsabilidades ante la justicia por los crímenes cometidos en contra de los republicanos españoles durante la Segunda Guerra Mundial.

Junto con la Ley de Amnistía, la Ley de la "Memoria", y el planteamiento "doctrinal" de la impunidad a todos los niveles del aparato judicial y de práctica totalidad de los partidos políticos, se cierra toda oportunidad de justicia.
De nada sirve que los convenios internacionales y el derecho penal internacional aplicable estén por encima de la Constitución. De nada sirve que la Constitución garantice el derecho a la tutela judicial efectiva. Por encima de todo ese discurso falsamente garantista está la defensa del régimen franquista y de sus dirigentes y, por supuesto, de sus aliados nacionalsocialistas.

Es la perfección de lo que en nuestro documento de 2004 calificamos como modelo español de impunidad" con toda su iniquidad, impiedad e inhumanidad.
Tutela judicial efectiva vs jurisdicción universal

Recordamos que el "caso Mauthausen" está basado en la nacionalidad de las víctimas y eso no es "justicia universal", sino "tutela judicial efectiva", esto es, el derecho de acceso a la justicia y al amparo de jueces y tribunales que tiene cualquier ciudadano, tal cual lo recoge la Constitución en vigencia en su artículo 24.
Es precisamente este derecho a la tutela judicial efectiva lo que viene a cerrar la ley (http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/jun27.html) propuesta y diligentemente tramitada por el Gobierno del Partido Popular, y no la jurisdicción universal, que dejó de existir para los tribunales españoles tras la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009. (Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.)

La mayoría de los casos que se cierran ahora, unos doce según información periodística, están basados en la nacionalidad de las víctimas y no en la jurisdicción universal, aunque el único caso que estaba en condiciones de llegar a juicio oral era el caso de las víctimas republicanas en los campos de exterminio nacionalsocialistas de Mauthaussen, Sachsenhausen y Flossenbürg.


Charleroi y Madrid, 18 de marzo de 2014

 

MAUTHAUSEN VÍCTIMAS REPUBLICANAS -  AGE.


Relación de documentos

Documentos relativos al caso por las víctimas de exterminio de Mauthaussen, Sachsenhausen y Flossenbürg.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/klm/

Documentos relativos a la reforma introducida por el Gobierno Zapatero y al cierre de la jurisdicción operado por el Gobierno del Partido Popular.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/main.html#jurisduniv

Documentos relativos a la impunidad en España y los crímenes franquistas.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/impu/