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REPÚBLICA - AUDIENCIA NACIONAL.

ARANDA | GUERRA CIVIL.

La Audiencia Nacional investigará las fosas comunes de la capital ribereña Ha admitido a trámite una denuncia presentada por el nieto de dos de los fusilados que se ha unido a otras de la ARMH que califican estos sucesos de crímenes «de lesa humanidad» 

• El juzgado de guardia donde se presentó la denuncia es el número 5, del que es titular Baltasar Garzón, quien según el abogado Fernando Magán ya ha nombrado fiscal. J.C.O. / ARANDA La Audiencia Nacional investigará las fosas comunes de La Lobera y Costaján de la capital ribereña, donde fueron exhumados los restos de 46 y 81 personas, respectivamente, asesinadas durante la represión de la Guerra Civil. 

El Juzgado Central de Instrucción Número 5, del que es titular Baltasar Garzón, ha admitido a trámite una denuncia presentada el pasado mes de junio por el pamplonés Teófilo Goldaracena Rodríguez, nieto de los ribereños Macario Rodríguez García y Ángela Rodrigo Berrojo, cuyos cuerpos fueron exhumados en 2005 del enterramiento de La Lobera. 

Aunque aún no se ha hecho oficial, según su abogado, Fernando Magán, ya se ha nombrado fiscal, que será Dolores Delgado García, la misma del caso del ex militar argentino Adolfo Scilingo. Teófilo Goldaracena recurrió a la vía judicial tras contactar con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que ya presentó en diciembre de 2006 otras denuncias en el mismo sentido . Ante la incoación de diligencias previas, solicitó la acumulación de la denuncia «por constituir el hecho del que trae causa un delito de lesa humanidad». 

Un procedimiento al que poco a poco se han ido sumando denuncias de prácticamente todas las comunidades autónomas. Goldaracenaha aportado el informe de la exhumación llevada a cabo por un equipo científico de la Universidad de Burgos donde se certifican con total seguridad los restos de Ángel Rodrigo y al 50% los de su abuelo Macario existen dudas entre dos individuos- y donde queda claro que murieron asesinados por arma de fuego en agosto de 1936. «El compareciente se ha ocupado de hacer averiguaciones sobre sus abuelos, resultando a todas luces que fueron víctimas de un crimen masivo que se produjo en la primera quincena de agosto de 1936 en Aranda de Duero, junto a otros muchos ocasionados en aquellas fechas y en otros lugares de España», reza en la denuncia. Fernando Magán, explica que el objetivo que persiguen es que un juzgado con capacidad de actuación en todo el Estado lleve a cabo un proceso «similar al que llevó a cabo con la investigación del genocidio de Guatemala o las desapariciones de Chile».

La intención de la denuncia, según Teófilo Goldaracena, no es perseguir y condenar a los autores, que en su gran mayoría ya han muerto, sino que diga la verdad, se de memoria a los muertos, se aplique justicia y se declare responsable al Estado y se repare a las familias. 

En su opinión la solución no pasa por recibir una cantidad económica, sino porque se reconozca la verdad. «Es una historia de marginación y miedo.

Y por nuestra parte la Ley de la Memoria Histórica se la pueden guardar. ¿Con qué se paga lo que nos hicieron? », inquiere. 30.000 VÍCTIMAS. «Se persigue declarar el crimen, un crimen que alcanza mínimo a 30.000 personas y que no prescribe porque por su carácter sistemático y masivo constituye un crimen de lesa humanidad. Y que a toda la familia se le dé una adecuada reparación conforme establece la legislación internacional, que es clarísima en cuanto a desaparecidos», añade Magán. 

Para el abogado no es aceptable que a estas alturas en un régimen democrático sigan existiendo desaparecidos, puesto que la defunción nunca fue reconocida en registro alguno para no dejar huella de lo que se estaba haciendo, y que numerosas familias aún estén pendientes de recuperar los cuerpos. El letrado se  muestra confiado de que el caso prospere porque por los precedentes de ese juzgado todo les hace pensar que puede ser bien comprendido, aunque calcula que habrá que esperar un año para que finalice la fase de instrucción.

 «Parece ser, que no es oficial, que Garzón sí tiene un planteamiento de abrir diligencias, más con la finalidad de buscarles una reparación, una solución al asunto, que las diligencias enfocadas a averiguar quienes intervinieron en esas muertes, porque la mayoría estarán fallecidos», apunta. Única fotografía que se conserva de Macario Rodríguez y Ángela Rodrigo. / DB Conocer la verdad h El objetivo de Teófilo es restituir el buen nombre de sus abuelos, que se destape la verdad y se reconozca lo que hicieron. 

Y es que necesita respuestas porque aún no puede comprender como el peluquero Macario Rodríguez, natural de Campillo de Aranda, y su mujer, una comerciante arandina de verduras conocida popularmente como ‘la Sinforosa’ acabaron asesinados y arrojados a una fosa pese a que eran totalmente ajenos a la política. «Queremos saber porque en Aranda se oye que todo pudo venir porque mi abuela le gustaba a un tal Aurelio Rojo». 

Para intentar aclarar lo que sucedió y reparar la memoria de sus abuelos ha iniciado otras dos vías. Así, el 2 de julio presentaba una demanda en el cuartel de la Guardia Civil de Aranda solicitando copia del parte de Guerra de la Benemérita de la capital ribereña de 1936 que dio lugar a la represión, desaparición y asesinato de vecinos de la villa, y copia del libro de registro de detenidos de la misma época. Además, pide que se incoe un expediente de información donde se le explique expresamente los motivos o causas que motivaron la detención, violación y asesinato de sus abuelos «haciendo constar y reconociendo expresamente en el apartado correspondiente a la causa de fallecimiento que los mismos fueron asesinados por la Guardia Civil y Falange Española». 

Según el relato familiar ambos fueron sacados del domicilio y llevados al calabozo, de donde fueron sacados el 19 de agosto. «Estando atado el abuelo junto a otro vecino en el campo procedieron a violar a mi abuela, que estaba embarazada para posteriormente abrirle la tripa y mofándose de su acción mataron a mi abuelo y a la otra persona», rememora, subrayando que además su abuela pudo ser enterrada viva ya que el tiro de gracia entró y salió por la mandíbula. Paralelamente, con los informes forenses, presentó el 7 de julio en el Juzgado de Instrucción Número de 1 de Aranda la solicitud de inscripción de la muerte por asesinato puesto que los fallecimientos no figuran, como lo demuestran las certificaciones negativas de inscripción de defunción.