REPÚBLICA - EQUIPO NIZKOR

 

Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves.

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DERECHOS

 

29mar05


Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves.


 

Hechos:

1) El pasado 16 de diciembre de 2005 se publicó en el B.O.E. la Orden de Presidencia "ORDEN PRE/3945/2005", por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Dichas bases en su artículo cinco establecen: "Se consideran proyectos subvencionables los siguientes, que se especificarán detalladamente en la correspondiente o correspondientes convocatorias: La investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, a cargo de los particulares o agrupaciones de particulares que ostenten interés legítimo."

Consideramos que estos aspectos concretos son parte de la responsabilidad jurídica del Estado y no pueden ser delegados o subcontratados a particulares o agrupaciones de particulares sin violar la legalidad vigente y las normas europeas e internacionales que hacen a:

  • a) Leyes rituarias para proceder al desenterramiento e identificación de víctimas.

     

  • b) Normas de antropología forense obligatorias en la Unión Europea.

     

  • c) Normas derivadas de las obligaciones internacionales del Estado español y especialmente de las derivadas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

2) El 03 de enero de 2006 se envió una carta a la Sra. Vicepresidenta, Doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, de la que nunca obtuvimos respuesta.

3) El día 18 de enero de 2006 se mantuvo una reunión con D. Álvaro Cuesta Martínez en su carácter de Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, en la que se le explicó detalladamente la situación y la gravedad de la misma. El diputado Álvaro Cuesta Martínez reconoció que era necesario modificar esos extremos de la Orden Presidencial y que se así lo solicitaría.

A dicha reunión solicitada por el Equipo Nizkor asistieron además la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo, Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia y la Asociación Manuel Azaña.

4) El día 16 de marzo de 2006 se mantuvo una reunión con los diputados D. Ramón Jáuregui Atondo y Pedro José Muñoz en representación, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se les explicó detalladamente la situación y la gravedad de la misma. Tras una tensa reunión, el diputado Ramón Jáuregui se comprometió a enviar una carta a la Viceprecidenta del Gobierno exponiendo nuestras demandas.

A dicha reunión, solicitada por el Equipo Nizkor, asistieron además la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo; Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español - AGE (Archivo Guerra y Exilio); Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia y la Asociación Manuel Azaña.

Visto el tiempo transcurrido sin que se haya dado solución alguna al tema planteado y dada la gravedad de los hechos que pueden incluso ser constitutivos de delito, nos dirigimos al resto de la asociaciones de víctimas del Estado, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a la opinión pública con la siguiente:

DECLARACIÓN:

a) Consideramos que "La investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore" es una responsabilidad indelegable del Estado.

b) Una orden presidencial no reviste rango jurídico suficiente para fijar normas de carácter penal y, menos aún, para modificar las leyes rituarias penales que hacen a la "investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente..."

c) Este tipo de procedimiento debe ser realizado bajo tutela judicial, a través de los jueces ordinarios y a través de la actuación de la fiscalía; ha de tratarse, sencillamente, de procedimientos ordinarios que reúnan las garantías procesales necesarias de todo estado de derecho.

d) La Orden Presidencial de referencia puede ser entendida como una legislación de excepción penal y que como tal, es violatoria del orden constitucional existente y del Convenio europeo de derechos humanos.

e) Que el tratamiento que se debe dar a la "investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente..." está reglado además por normas de rango europeo y también por normas derivadas de convenciones internacionales.

f) El desenterramiento ilegal es un delito y, en este caso, reviste además el agravante de tratarse de presuntas víctimas de crímenes contra la humanidad, con lo que estos desenterramientos ilegales contaminan y/o destruyen las pruebas y los elementos de prueba de la comisión de los mismos.

g) Llamamos a todas las asociaciones de víctimas y a sus familiares a impedir que se proceda de esta forma ilegal, ya que significa la desaparición definitiva de los restos y su manipulación equivale a colaborar en la consumación definitiva del crimen cometido inicialmente.

h) Demandamos que la Fiscalía General del Estado cumpla con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y actúe en defensa de las víctimas que no tienen posibilidad alguna de representación judicial, garantizando el derecho a la justicia y al debido proceso.

Madrid, a 29 de marzo de 2006.

Firman (orden alfabético):

  • AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
  • Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
  • Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
  • Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva.
  • Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
  • Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador.
  • Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
  • Federación Foro por la Memoria (Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de La Rioja, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén) José Mª Pedreño, presidente de la federación.
  • Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente.
  • Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.

 

Declaración rechazando las opiniones expresadas por el Diputado Socialista Ramón Jáuregui

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DERECHOS

29mar05


Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui.


DECLARACIÓN PÚBLICA.

El pasado 6 de marzo de 2006 se publicó en el diario "El Periódico" de Barcelona un artículo titulado "Deudas de nuestra historia", firmado por Ramón Jáuregui Atondo, diputado por Álava del Grupo Parlamentario Socialista y que ostenta, entre otros cargos, el de portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso.

El diputado Ramón Jáuregui ha sido designado en dos oportunidades por el Grupo Parlamentario Socialista para mantener sendas reuniones con relación a la cuestión de los crímenes franquistas y, especialmente, al documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", elaborado por el Equipo Nizkor.

Estos dos elementos causales son la condición necesaria para que hayamos decidido dar una respuesta pública al texto mencionado que, a nuestro entender, es una muestra de mala fe en su relación con las asociaciones firmantes.

Por todo ello queremos puntualizar:

  • 1) El diputado Ramón Jáuregui en dicho artículo afirma textualmente "Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones".

     

  • 2) El diputado Ramón Jáuregui ,en cuando diputado, no puede desconocer los principios legales que son de obligatorio cumplimiento por los estados, todos los estados, y que incluso están recogidos en la actual constitución, dándose además la agravante de que el diputado Ramón Jáuregui es licenciado en derecho y abogado.

     

  • 3) Considerar que la seguridad jurídica viene dada por el paso del tiempo y no por los bienes protegidos, en este caso las libertades civiles y los derechos humanos de todas las víctimas de un régimen ilegal en su esencia- y confirmada su ilegalidad por resoluciones de las Naciones Unidas-, es inadmisible y constituye un claro desprecio a todas las víctimas de dicho régimen fascista.

     

  • 4) La nulidad de los juicios sumarísimos y de todos los procedimientos penales de similares características no significa destruir la "seguridad jurídica", sino devolver ésta a los descendientes de las víctimas. Un estado de derecho está obligado a anular los procedimientos en cuestión, no por la violación al debido proceso o del derecho a defensa, como afirma el diputado Ramón Jáuregui, sino por la nulidad absoluta consecuencia de la ilegalidad del régimen franquista, tanto desde el punto de vista del derecho interno, como del derecho internacional penal y del derecho internacional de los derechos humanos. Esta demanda es además concordante con la Disposición Derogatoria 3) de la Constitución vigente.

     

  • 5) Las responsabilidades estatales por los crímenes cometidos por la dictadura franquista, desde el momento del golpe de estado hasta el fin del régimen, tienen continuidad en tanto en cuanto exista el Estado español, y esto, no por capricho maximalista de las demandas de las asociaciones, sino porque es un principio del derecho internacional, el cual el diputado Ramón Jáuregui no puede desconocer en cuanto diputado electo.

     

  • 6) El diputado Ramón Jáuregui no puede desconocer, no sólo por su carácter de diputado electo, sino por ser licenciado en derecho, abogado y portavoz de la Comisión Constitucional, que los crímenes contra la humanidad han sido reconocidos por las más altas instancias judiciales del Estado, entre las que destaca el propio Tribunal Constitucional y por tanto incorporados con todas sus consecuencias al derecho interno.

    Esto convierte su argumento de que las demandas de las asociaciones son "maximalistas" en fútil e ilegal, y en consecuencia, su pretensión de ser "equidistante" no es más que una ilegalidad, dado que frente a violaciones graves de la naturaleza propia de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, un diputado electo, que representa la voluntad popular, e independientemente del grupo parlamentario al que pertenezca, no tiene posibilidad de tomar dicha postura prescindente.

     

  • 7) Ratificamos una vez más que lo que exigimos es el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, la reparación por parte del Estado de los daños producidos, sean éstos penales, civiles o administrativos. Para ello nos asiste el derecho y la propia Constitución Española.

     

  • 8) No nos negamos a que exista un reconocimiento moral de las víctimas, a que se realicen actos de los denominados de "recuperación de la memoria" y actos financiados por el Estado de carácter científico, que permitan ampliar el conocimiento de los hechos ocurridos, pero éstos sólo tienen sentido en un estado de derecho una vez realizado el reconocimiento jurídico de las víctimas, su identificación legal y la reparación consecuente a sus familiares y descendientes y asumidas las responsabilidades legales por parte del Estado.

     

  • 9) Ratificamos las demandas presentadas en el "Plan de acción" del documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", así como su fundamentación basada en el derecho internacional de obligado cumplimiento para el Estado español, obligaciones éstas que están reconocidas por la Constitución vigente en el artículo 10.2) que dice textualmente "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España" y en el artículo 96.1) que dice textualmente: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

Por todo ello, rechazamos expresamente las afirmaciones del diputado Ramón Jáuregui y le exigimos la rectificación de las mismas, acatando las normas de un estado de derecho, o la resignación de su cargo de diputado, dado que consideramos que sus declaraciones públicas no son compatibles con sus obligaciones como representante de la voluntad popular.

En Madrid, a 29 de marzo de 2006

Firman (orden alfabético):

  • AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
  • Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
  • Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
  • Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva.
  • Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
  • Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador.
  • Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
  • Federación Foro por la Memoria (Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de La Rioja, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén) José Mª Pedreño, presidente de la federación.
  • Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente.
  • Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.

Texto completo del artículo publicado por el diputado y portavoz de la Comisión Constitucional, Rámon Jáuregui.

Deudas de nuestra historia.

Escribo contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas», decía hace sólo unos días Claudio Magris, al ser investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Para salvar la verdad, por ejemplo, me contestaba a mí mismo al leer la reflexión del profesor y escritor italiano. Celebramos este año el setenta aniversario de la guerra civil española y el año que viene serán treinta los que llevamos de democracia. Nunca, en todo este tiempo de libertad, se habían cuestionado tan abiertamente los hechos históricos, o mejor diríamos, su interpretación, como se está haciendo últimamente en diversos foros históricos y políticos. Al calor del extremismo político que se ha instalado en nuestro país, están emergiendo teorías estrafalarias sobre la responsabilidad de la República en general, y de las fuerzas de izquierda y obreras en particular, en el estallido de la Guerra Civil, casi concluyendo que fueron la Revolución de Octubre de 1934, el Frente Popular de 1936 y los actos de terrorismo sectario los que provocaron la intervención militar el 18 de julio de aquel fatídico año.

Este revisionismo histórico es exactamente igual que el que proclaman algunos fanáticos islamistas o fascistas de extrema derecha, negando el Holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El contexto de la República y las responsabilidades de quienes protagonizaron aquellos años convulsos pueden merecernos análisis y opiniones encontrados, pueden exigir autocríticas a muchos, pero en ningún caso autorizan a manipular la verdad. Y la verdad es que había un Gobierno legítimo y democrático contra el que se sublevaron unos militares que arrastraron a gran parte del ejército, provocando una guerra civil entre los españoles con más de un millón de muertos. La verdad es que los vencedores de la guerra ejercieron una represión cruel contra los derrotados: fusilamientos, cárceles, campos de trabajo, exilio, etcétera que marcaron para siempre a una generación de españoles. La verdad es que el general Franco y su ejército impusieron un régimen de opresión y dictadura que duró cuarenta años. Ésta es la verdad. Estos son los hechos, y el que los niegue o sugiera siquiera que fueron otros los responsables de este desastre es un mentiroso o un manipulador.

Hemos discutido sobre esto en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez, ni será la última, a propósito de las deudas pendientes con las víctimas de franquismo. De nuevo emergieron dos actitudes antagónicas respecto de las que no quiero ser equidistante. Esquerra Republicana de Cataluña se ubica en la reivindicación maximalista de devolver honra, honores y compensaciones a todos quienes sufrieran cualquier tipo de represión, opresión o similares. En una proposición de ley, ilimitada en sus efectos, pretendía que compensemos económicamente a todos aquellos que hubieran visto lesionados sus derechos por la dictadura, cualquiera que fuera la causa: ser gitano, homosexual o masón; por la prohibición de los idiomas propios; por haber luchado contra el franquismo (incluso en organizaciones armadas -sic-). Esquerra quiere que se anulen todos los juicios sumarios de consejos de guerra y tribunales especiales. Incluso quiere que el Rey pida perdón a los republicanos.

Más allá del juicio que nos merezcan algunas de estas pretensiones, Esquerra olvida que nuestra transición a la democracia se hizo sobre bases jurídicas y políticas muy diferentes a la manera en la que acabó el régimen nazi de Alemania o la ocupación alemana en Francia. Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones. Podemos, eso sí, reconocer pública y solemnemente que todas esas sentencias fueron injustamente dictadas y que el honor de quienes fueron condenados debe ser restituido ante la sociedad. Podemos recuperar la memoria de la guerra y de la represión franquista, construyendo un centro o museo símbolo de esa etapa, mirando de frente a la verdad y explicitando esa parte de nuestra historia (quizás como pretende IU en el Valle de los Caídos). Podemos facilitar y agilizar el acceso a la información de sumarios y archivos policiales de esa etapa represiva a millones de ciudadanos, aunque no podemos indemnizar a la mitad de los españoles por haber sufrido alguna represión lingüística, sexual, étnica o política.Podemos y -aquí añado yo- debemos, elaborar una ley para indemnizar a aquéllos que sufrieron mutilaciones o perdieron la vida en la defensa de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución. Como por ejemplo a las familias de las víctimas del 3 de Marzo de Vitoria y Basauri y tantos otros que todavía están exigiendo responsabilidades. Pero no será posible reabrir penalmente aquellos hechos porque la amnistía de 1977 lo fue para todos, también para las responsabilidades del viejo régimen represivo. Con todo, espero que veamos, en esta misma legislatura, esa ley que indemnice a las familias que sufrieron injustamente sus consecuencias.

La otra actitud extrema es la de quienes consideran que 'aquello ya pasó', la Transición cerró aquella etapa' y 'no conviene abrir heridas'. El PP se pretende cómodo en ese discurso, negándose a tratar todas estas cuestiones pendientes. Hay, incluso, un sector -más ultra que centrista- que ve con simpatía ese revisionismo histórico de pacotilla y se acoge con gusto a la teoría de que la culpa de aquella guerra 'fue de todos' y que 'represión y sufrimiento lo hubo para todos y por igual'. Olvida esta teoría algo fundamental y es que los vencedores de la guerra enterraron a sus muertos, recibieron honra y honores por su lucha y se acomodaron al régimen y disfrutaron de su victoria, mientras otros eran cruelmente reprimidos y todavía andan buscando por las cunetas de los pueblos el lugar exacto en el que los fusilaron. Olvidan también que el perdón que mutuamente nos dimos en 1977 no debe confundirse con el olvido ni con la injusticia y que nos quedan deudas con la historia, que la democracia debe compensar. Por ejemplo ayudando a la pobre gente que quiere enterrar a sus muertos dignamente o abonando una pensión no contributiva a 'nuestros niños de la guerra'. O indemnizando a las familias de los obreros de Vitoria, Granada, Ferrol, Tarragona, etcétera, que murieron sólo por ejercer el derecho a la huelga o a la manifestación o a la libertad, que es lo mismo.

Sí, afirmé en ese debate en el Congreso, tenemos deudas con la historia y la pregunta es: ¿Cómo debemos atenderlas? ¿Abrirá eso heridas inconvenientes? Si lo hacemos, ¿corremos el riesgo de introducir una nueva trinchera en el crispado campo de la política española?

No tiene por qué ser así, si lo hacemos bien y entre todos. La recuperación de la memoria del franquismo y de la Guerra Civil y las compensaciones aún pendientes a sus víctimas no tienen por qué representar un riesgo a la convivencia de los españoles de hoy si lo hacemos sin odios ni afanes vengativos. Sin sectarismos ni partidismos. Sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy ni quiere ni admite. A veces dudo si esto será posible con un PP empeñado en que todo se crispe y enfrente. Temo que esta recuperación consensuada de nuestra memoria histórica sea utilizada por la derecha para atribuirnos otra ruptura más, esta vez del espíritu de reconciliación de la Transición, sin comprender que una mirada más franca, más libre y más abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas hace más fuerte los fundamentos de nuestra convivencia. Las heridas de la historia no curan con su ocultamiento, sino con la verdad y la justicia. Los hijos de la guerra hicimos la reconciliación en la democracia. ¿No ha llegado el tiempo de que los nietos culminen la justicia para las víctimas antes de que se mueran?

[Fuente: Por Ramón Jauregui, Portavoz de la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, El Periódico, Barcelona, 06mar06]

Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública.

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27sep06


Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública.


COMUNICADO DE LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS A LA OPINIÓN PÚBLICA

El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.

Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la larga noche del franquismo.

El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.

El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde hace más de quince años su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".

Vemos con esperanza el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.

En defecto de una ley de alcance general que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos. (*)

Celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, pero lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.

A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo al proyecto de ley de "memoria histórica" del Gobierno. (**)

Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo. * * *

Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura, Cáceres), José Moreno Salazar "Quincallero" (Agrupación Guerrillera de Los Jubiles), Miguel Padial (Agrupación Guerrillera de Granada), Julián Antonio Ramírez (FFI), Eduard Pons Prades (FFI )


 

Adhieren al presente comunicado: (orden alfabético de organizaciones e individuos)

AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, Presidenta Ahaztuak 1936-1977 / Olvidad@s 1936-1977 Amigos de los Caídos por la Libertad (1939 – 1945), Memoria Histórica de la Región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, Presidente Regional Asamblea Republicana de Vigo "Amig@s da República", Celso Xosé López-Pazos, Vigo, Galicia Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (AGEMHA), Manuel Velasco Haro, Presidente Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español - Archivo Guerra y Exilio (AGE), Adelina Kondratieva, Presidenta, Moscú, Rusia; Dolores Cabra Laredo, Secretaria General Madrid, España Ateneo Obrero de Gijón, Asturias Ateneo Republicano de Vallecas, Madrid, España Colectivo Republicano Euskal-Herria - CREH Comisión Recuperación Memoria Histórica de Coruña, María Beatriz Gómez Amigo, Presidenta de CRMH d'AC Coordinadora Antifascista de Madrid DESPAGUE, Antonio Cruz González, Madrid, España Equipo Nizkor, Antonia Macías, Secretaria General Foro Memoria Castellar de Santiago, José María Melero Pérez, Madrid; José Félix Rojo Gormaz, Castellar de Santiago, España Foro por la Memoria-Campo de Gibraltar, Luis García Bravo, Algeciras, España Foro por la Memoria de León, Eduardo Silva Balafuy, León, España Fòrum per la Memoria del País Valencià, Amparo Salvador Villanova, Valencia, España Izquierda Unida de Fabero, Juan Carlos Alonso García, Fabero, León, España Liga Aragonesa de Mutilados e Invalidos de la Guerra Civil Española 1936/39, Juan Luis Serrano Calleja, Zaragoza, España Memoria y Libertad, Tomás Montero Aparicio, Madrid, España Plataforma Ciudadana de Cantabria por la III República, Cantabria.

 

* * *

 

  • Abel Ruiz Sancho, Alcalá de Xivert, España
  • Ainhoa Sala Aguilera
  • Angeles Jiménez Santamaría, Madrid, España
  • Carlos Francisco Velasco Souto, Oleiros, A Coruña, Galiza
  • Carlos Peñacoba Navarro, Las Rozas, Madrid, Madrid
  • Clara Ruiz Ponte
  • Elena Sánchez-Lozano, Sotolargo, Castilla
  • Fermín Sánchez Martín, Madrid, España
  • Fernando Hernández Sánchez, Profesor de Secundaria, Fuenlabrada, Madrid, España
  • Genaro Luis García López, Salamanca, España
  • Henrique Porto Varela, Vigo, Galicia
  • Javier Corcuera, Director del documental "La Guerrilla de la Memoria"
  • Javier Lucas Ruiz, Madrid, España
  • Jordi Grau i Gatell, L'Eliana, España
  • José Antonio Conde Ares, A Coruña, España
  • José Ignacio García Muniozguren, Casablanca, Marruecos
  • José Sala Miguel, Cantabria, España
  • Juan Diego García Mejía, Cantabria
  • Juan Diego Pérez González, miembro de AGE, Madrid, España
  • Juanjo Llorente, PCPV, Valencia, España
  • Juan Miguel Morillo Alabort, Benigànim, España
  • Julián de la Morena López, Ciudad Real, España
  • Julián Marcelo Cocho, Valencia, España
  • Julio Recuero Casado, Madrid, España
  • Juncal Oyarzun, Irún, España
  • Liles Garcia Garcia, Madrid, España
  • Luis Lamela García, La Coruña, España
  • Manuel Gil Prieto, miembro Foro por la Memoria de Aragón, Zaragoza, España
  • Manuel Lage Alonso, Vigo, España
  • Mar González, Salamanca, España
  • María Dolores Díaz-Munio Roviralta, AGE Cantabria, Valencia, España
  • María Jesús Haro Ibañez, Cantabria
  • Pedro Calvillo Serrano, Jerez, España
  • Pedro de Llano, Santiago de Compostela, España
  • Pedro Laguna Guinea, Estepona, Málaga
  • Ramón Ibáñez Roc, Alcossebre, España
  • Ramon Real Bernal, Jerez de la Frontera, Cádiz, España
  • Rosa María Pastor Gutiérrez, Barcelona, España
  • Saúl Martín González, Madrid, España
  • Vanessa Loriente Chilet, Alcala de Xivert, España
  • Xaquin Rubido Muñiz, España
  • Xose María Palacios Ares, Comisión Recuperación Memoria Histórica Coruña, Coruña, Galicia

     


    Notas:

    (*) Consideramos que el marco analítico y jurídico para el debido tratamiento de esta cuestión lo proporciona el Informe conocido como "Informe Nizkor", que lleva por título: "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", y que se encuentra disponible en:
    http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html

    (**) La postura respecto del proyecto de ley de la práctica totalidad de las organizaciones y colectivos que trabajamos este tema en el Estado español, se haya reflejada en la Declaración: "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", disponible también en Internet en:
    http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/ilegal.html

     


 

 
Informes y documentos
Documents and Reports

 

Documento de la campaña internacional del Equipo Nizkor.

La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas.
Informe del Equipo Nizkor presentado por varias organizaciones, 14abr04. [ESL/SPA]
The question of impunity in Spain and crimes under Franco.
Equipo Nizkor's Report presented by several organizations, 14Apr04. [ENG]

Fichero Audio Escucha en Radio Nizkor la presentación del documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas".

Fichero Audio Tune in Radio Nizkor and listen to the presentation of "The question of impunity in Spain and crimes under Franco".

Fichero Audio Escucha en Radio Nizkor la presentación del "Plan de acción" contra la impunidad en España.

Fichero Audio Tune in Radio Nizkor and listen to the "Plan of action" against impunity in Spain.

Fichero Audio Apresentam o "Plano de Ação" contra a impunidade na Espanha.

 

 


Documentos temáticos de la campaña internacional y de otras asociaciones.

 


Fichero Audio
Comunicado ante el "acuerdo de desbloqueo" de la ley de la memoria histórica.
Radio Nizkor, 20abr07



La cuestión española, las Potencias del Eje y Nuremberg
The Spanish question, the Axis Powers and Nuremberg

The Spanish question.

Statement by the Department of State on the Spanish question.
04Mar46

Ver también la ONU y la Cuestión de España.

 

El Gobierno de Franco y las Potencias del Eje.

 

 

Nuremberg .

 


La ONU y la cuestión de España

 

 

 
Instituciones Europeas

 


Conmemoración del 60º aniversario de la
liberación de los campos de exterminio Nazis.
Sesión especial de la Asamblea General del 24 ene 2005


 


Normativa interna relacionada con los crímenes y las víctimas

 

 

Jurisprudencia.

 

 

 


Congreso de los Diputados

 

Trámite parlamentario de la Ley de impunidad de los crímenes franquistas.

Enmiendas al articulado del "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A. Núm. 99-20, 14mar07 Enmiendas presentadas por ERC al proyecto de Ley gubernamental sobre la denominada "Memoria Histórica.
Joan Tardà i Coma, Portavoz del GP de Esquerra Republicana, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Núm 120-1, 01mar07 Debate en torno a las propuestas de modificación de la ley de restitución a los partidos políticos de los bienes incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
Congreso de los diputados, Madrid, 27feb07 Full text of the "Draft Law to recognise and broaden rights and to establish measures in favour of those who suffered persecution or violence during the Civil War and the Dictatorship."
Draft Law prepared by the Presidency, non official version, Madrid, 28Jul06 Texto del "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".
Proyecto elaborado por Moncloa, versión no oficial, Madrid, 28jul06
Fichero Audio Debates (en audio) de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Radio Nizkor, 14mar07 (03 h 36m 38ss) Debates de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. Año 2006 - VIII Legislatura - Núm. 222, 14dic06

Propuestas de modificación de la ley de restitución de bienes a los partidos políticos.

 

 

 

Trámite parlamentario de la "enmienda de sustitución" de Ramón Jauregui (01 jun 2004)


Fichero Audio Debates (en audio) de totalidad de iniciativas legislativas: Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Radio Nizkor, 14mar07 (03 h 36m 38ss)


 

Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo

 


Artículos y comunicados

 

 

Cuestión de los Archivos

 

 

 

 

 

 
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Radio Nizkor Información
"Ley memoria"

(15oct06 - IV) msjes.

 

 

Esp - Comunicado dirigido a las asociaciones de víctimas del franquismo y de la memoria.

 

DDHH en España

 


 

I) Comunicado dirigido a las asociaciones de víctimas del franquismo y de la memoria.

 

Ante la nueva situación creada, consecuencia directa de la preparación para la presentación en el Congreso de Diputados de la Ley de la Memoria, cuyo nombre oficial es "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", presentación que presumiblemente ocurrirá a fines del mes de noviembre, creemos necesario dirigirnos a todas las asociaciones para puntualizar lo siguiente:

1) Hemos defendido en nuestro documento “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas” una respuesta jurídica a las cuestiones pendientes con las víctimas del franquismo que, evidentemente, no ha sido recogida por el Proyecto de Ley.

2) Queremos comunicarles que nuestros argumentos han sido recogidos prácticamente en su totalidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual ha resuelto recientemente la cuestión de fondo planteada en el documento, esto es, la cuestión de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y su aplicación retroactiva. (Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Decisión de la Sección Cuarta sobre admisibilidad de la Demanda no. 23052/04 de August KOLK y demanda no. 24018/04 de Petr KISLYIY contra Estonia, 17ene06 [ESP/SPA])

3) La consecuencia directa de esta resolución es que debe ser acatada por todas las instituciones del Estado español; esto significa obviamente que debe ser reconocida por el Tribunal Constitucional, por los tribunales ordinarios y, como no puede ser menos, por el Congreso de los Diputados y por el propio Gobierno.

4) También tiene como consecuencia que la práctica totalidad del Proyecto de Ley presentado puede ser considerado como manifiestamente ilegal y no concordante con los principios del derecho internacional de derechos humanos ratificados, sin duda alguna, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

5) El Plan de acción recogido en el documento “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas” y ampliado por numerosas declaraciones, todas ellas recogidas en la declaración “Entre la cobardía moral y la ilegalidad”, no son más que un inventario de los problemas planteados por numerosas asociaciones de todo el Estado y, por supuesto, todos y cada uno de ellos son, sin excepción, concordantes con el derecho interno español, con el derecho europeo y con el derecho internacional aplicable. Si hubiera habido más puntos pendientes se hubieran agregado a tal inventario.

6) Todos y cada uno de los puntos mencionados en el Plan de Acción obedecen a la necesidad de que el Estado reconozca jurídicamente a la víctimas y, como consecuencia, dé cumplimiento al derecho interno y al derecho internacional aplicable; por lo tanto, no son negociables y este Gobierno, o los gobiernos que le sigan, tendrán que dar la solución que corresponde a un estado de derecho. Es más, según las normas del derecho internacional aplicable en el Reino de España toda norma contraria a estos principios es nula de pleno derecho. Por lo tanto, lo lógico sería que existiera una sola ley que recogiera todos estos aspectos, dado que los problemas de las víctimas son esos y no otros.

Este comunicado sólo lo emitimos para las Asociaciones de víctimas del franquismo y de la memoria que han adherido a los documentos mencionados y no pretende ser una respuesta a ningún grupo político, partido u otras asociaciones que tengan planteamientos diferentes y legítimos y que, por lo tanto, merecen una respuesta sólo en la medida que cuestionen el fondo del asunto y no parcialidades.

 

Madrid y Bruselas, 15 de octubre de 2006

Equipo Nizkor.

 

 


 

II) Ley de la memoria: Ceremonia de la confusión.

 

Algunos escuchamos su grito.

 

Se acerca el momento de la discusión en las Cortes de la propuesta de ley sobre la Memoria Histórica. Desde que se conoció el texto próximo a discusión la sorpresa y el estupor han ido extendiéndose. Una Ley que estaba llamada a poner fin a la pervivencia del franquismo en los espacios públicos y legales de la democracia española, a dar justo reconocimiento a la memoria de las centenares de miles de víctimas del exterminio franquista, se convirtió en manos del equipo legal presidencia del gobierno y del grupo socialista y con la preclara guía de Jáuregui y De la Vega en un bodrio intragable. 

La ley de nombre imposible que proponen mantiene el horror jurídico franquista intacto, sin cuestionar los tribunales con que la banda armada sublevada en 1936 impuso mediante el asesinato masivo y el terror un régimen ilegal que duró décadas. La propuesta de ley iguala a víctimas y verdugos y asume lo esencial del discurso revisionista con el que el franquismo rescribió la historia. Y es el propio diputado socialista Sr. Jáuregui el que ha llegado a establecer que ese es el único camino para asegurar la convivencia en el momento presente, memoria y justicia pero con impunidad como corolario. Sin impunidad, nos viene a decir Jáuregui en un artículo reciente (El País, 14/10/06), la convivencia no sería posible.

Las respuestas a la pretendida Ley, pese a todo, fueron en su casi totalidad contundentes en su rechazo; muchas de las asociaciones, partidos y personas que se mostraron en contra han creído que era posible una reforma del texto por la vía de las enmiendas durante el proceso de discusión, muchos otros no lo pensamos. Que se retire la propuesta y se devuelva a origen es lo que procede, pues el desvarío de base es tan grande que la posibilidad de enmienda es casi inexistente. Es muy poco probable que quienes elaborasen una propuesta que sin dudarlo podemos calificar de neofranquista y revisionista vayan a aceptar ahora enmiendas de fondo, que vayan a lo principal. Sin embargo, en esta ceremonia de la confusión a la que asistimos estos días vemos iniciativas para tratar de influir en el proceso y presionar para la obtención de un texto final más aceptable. 

La reunión del 17 de Octubre sobre la base de 13 puntos que desarrollan lo básico del rechazo a la forma actual de la Ley pretende hacer una declaración pública y exhortar a su enmienda. ¿Será posible un cambio en tal sentido? ¿Se logrará con esta convocatoria persuadir a los legisladores de la necesidad democrática urgente de rescribir la Ley? Nos tememos que no. El artículo del diputado socialista sr. Jáuregui es muy claro: hay un límite sistémico, todo esto de la memoria no puede ser más que un deshago emocional, cosmético, pero en ningún caso puede derivar a una situación que ponga en peligro los privilegios adquiridos a través de los crímenes franquistas: a los hijos y nietos de los verdugos les inquietaría y no sería posible la "convivencia". Bravo, sr. Jáuregui, bravo.

Pero en relación a lo que ha sido el manifiesto de los 13 puntos y la reunión del 17 de Octubre, de entrada nos ha sorprendido sobremanera que entre las organizaciones firmantes no figuren algunas de las que con más claridad han hablado y escrito sobre este tema. Es particularmente grave la ausencia del Equipo Nizkor, cuyo estudio legal del problema planteado por la impunidad de los crímenes franquistas es absolutamente básico para poder hacer una verdadera Ley que toque estos asuntos. 

La respuesta de Nizkor este mismo verano, es decir, bastante antes de estos puntos de ahora, en una contundente artículo manifiesto titulado "Entre la cobardía moral y la ilegalidad" sumó numerosos apoyos y logró resumir muy bien y fundamentar lo esencial de las críticas al proyecto ahora discutido. ¿Cómo es posible que en la supuesta síntesis que se publicita ni se tengan en cuenta las aportaciones de Nizkor y hasta parezca que nunca existieron?

La ausencia del equipo Nizkor no es la única ausencia en el texto a presentar el día 17, son numerosas e importantes las organizaciones que no se han sumado o a las que no se les ha invitado a participar. Nos preguntamos cuantos de los firmantes seguirían dando su apoyo a una iniciativa que corre el riesgo de ser limitada y autocensurada desde su inicio. Otros lo hemos hecho en la creencia de que se nos invitaba a un proceso de discusión conjunto, pero vemos ahora que no es así, y que en la síntesis de los puntos no se ha contado con todas las aportaciones.

Queremos enviar un mensaje claro a los ponentes de la Ley y al Grupo Parlamentario Socialista, además del de Izquierda Unida: si se pretende una maniobra cosmética, unas enmiendas superficiales, un toque de efecto pero la Ley resultante no aborda lo fundamental de forma clara y rotunda, habréis escenificado un nuevo engaño como el de esta rutilante transición basada en la impunidad de los crímenes franquistas. Si en la reunión del día 17 de octubre y en los días posteriores, las organizaciones convocantes tragan con lo que tiene todos los visos de ser una nueva mascarada, se deberá tener en cuenta que vamos a ser muchos los que dentro y fuera de esas organizaciones no vamos a rendirnos. Aquí no hay presiones, ni promesas, ni chantajes, ni patrimonios en devolución, ni subvenciones que valgan. Hay ciertas cuestiones de principio que no están en venta.

La cuestión es muy simple. El régimen del 18 de Julio fue ilegal, los Tribunales Militares sumarísimos que llevaron a la muerte o a la cárcel a centenares de miles de personas fueron ilegales y como tales deben ser considerados nulos desde su inicio, los miembros de tales tribunales y de muchos otros organismos de la represión fueron verdaderos criminales y culpables en muchos casos de crímenes de guerra y contra la humanidad. Son crímenes que no han prescrito. Si la Ley soslaya este asunto, lo disfraza o, peor aun, como hace el proyecto, legaliza el exterminio, este gobierno y los partidos que lo apoyen serán cómplices de él.

No estamos exagerando nada. Para que se entienda nuestra posición queremos recordar un caso reciente. Se ha publicado un meritorio libro que recoge los nombres de todos los españoles deportados a los campos nazis, con sus nombres, su origen y su destino final. El diario El País le dedicó incluso una emotiva portada. La obra obtuvo aplausos y reconocimiento. Una obra obligada, se ha llegado a decir. Sin duda. ¿Pero, ¿por qué no hay en ella ni una sola referencia a los responsables de la deportación? ¿cómo es posible que los responsables españoles y alemanes de la muerte en los campos nazis no sean nombrados? ¿Por qué se le hurta a la opinión pública el nombre de Serrano Suñer como uno de los directamente implicados en la luz verde a la deportación de los españoles detenidos en Francia? 70 años después de los hechos, 30 años de democracia y la impunidad impera todavía. Somos libres ahora de recordar el holocausto, de pasear los nombres de los asesinados (gracias a que los archivos alemanes están abiertos, por supuesto), pero no podemos conocer los nombres de los verdugos y sus cómplices.

Si esto ocurre con la suerte de los deportados a los campos nazis, la suerte de los que sucumbieron en la propia España sigue bajo las losas del olvido y la complicidad. Es terrible lo que está ocurriendo: las cifras de asesinados que salen a la luz cada día, superan todo lo previsible; las dimensiones del horror franquista no se pueden ocultar. Se nos permite recordar a los muertos, ¿para que valoremos la lección sufrida como pueblo y no volvamos a reincidir? ¿recordar el castigo pero no la injusticia?

La Ley propuesta intenta no ofender a los verdugos y que sus herederos no se sientan incómodos. En su formulación actual es, sencillamente, obscena. Si el proceso de discusión y enmienda no aborda de forma satisfactoria estos asuntos, la herida seguirá abierta y el combate de la memoria se agudizará. 

Que nadie espere poder acallar nuestra voz. Aprobarán la Ley quienes sumen mayoría, la escribirán como deseen, pero si no declara nulos los tribunales sumarísimos y si no obtienen y recogen las consecuencias legales lógicas del carácter genocida e ilegítimo del régimen franquista la lucha continuará y quienes no la apoyen pagarán un duro coste político. No basta con el socorrido recurso de ocultarse en el juego parlamentario: "Se enmendó lo que se pudo y al final salió la Ley posible". 

Ya no. Si la Ley no recoge los mínimos democráticos exigibles será el inicio de una dura lucha, no el final de esta batalla. Nosotros no estamos discutiendo con los jueces, estamos confrontando al legislador a quien le pedimos que siga la estela del derecho y la jurisprudencia con la que los estados democráticos europeos afrontaron el horror de los crímenes nazis y fascistas.

El artículo del sr. Jáuregui añade una importante proporción de realidad a este debate. Señala los límites prefijados de la discusión. Nunca fue un problema de falta de pruebas o testimonios; todo el trabajo de la Comisión se ve ahora que no fue más que un engaño, todo, las entrevistas, los materiales, el arduo trabajo de De la Vega ¿para qué? ¡si los límites y el resultado final efectivo estaba prefijado!. Jáuregui ha actuado en representación de un sistema que se siente amenazado por el que la ilegalidad de origen franquista se ponga de manifiesto. 

Su pretensión de defender la "seguridad jurídica" del pasado suena a broma macabra a quienes conocen la génesis de los tribunales, sus fundamentos, su proceder, su condenas. Es urgente que la posición del sr. Jáuregui sea desautorizada por su partido y por el gobierno, pues de obstinarse en este absurdo sería la propia "seguridad jurídica" presente la que estaría en juego

Es preciso que quienes tengan una posición clara en este asunto actúen unidos y coordinados. Es preciso que quienes entre los firmantes de ese documento de 13 puntos consideren que la situación es delicada y que el peligro de una nueva decepción es real actúen en consecuencia. 

El llamado que hacemos con nuestro escrito de hoy no va contra nadie, ni siquiera contra el sr. Jáuregui, su dimisión zanjaría el asunto y sería interpretada como una muestra de buena voluntad democrática pese al desvarío evidente de su proceder hasta ahora. Sabemos de las diferencias y sensibilidades entre las muchas organizaciones de la memoria, incluso de las buenas intenciones de muchos, pero apelamos claramente a la experiencia y al sentido crítico de todos. Si logramos coordinarnos quienes tenemos claro que con 70 años de impunidad y desvergüenza ya basta, estaremos en el buen camino.

Hacemos un llamado a todos, a los veteranos guerrilleros de AGE, a la Federación de Foros por la Memoria, a los compañeros de la Asociación Memoria Histórica Asturiana, a los Amigos de los caídos por la Libertad, al Equipo Nizkor, a la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo, a todos cuantos allí donde estén sean partidarios de actuar con claridad, les llamamos a organizar una jornada de discusión pública para valorar la situación planteada por el proceso legal ahora abierto y su evolución. Avanzamos, de entrada, que nuestra posición, simpatiza claramente con el tratamiento legal que Nizkor ha elaborado y que debiera ser tenido en cuenta seriamente por todas las organizaciones; pedimos también que se valore nombrar una representación legal conjunta partir de ahora. 

Hay que actuar en Madrid y en Bruselas coordinadamente y sumar apoyos en el Parlamento Europeo si es posible. Con una mano tendida a cuantos sean críticos y defiendan posiciones de principio en este tema, os emplazamos a entrar en contacto

Quisiéramos terminar con el ejemplo de un hombre que la historia quiso enterrar, pero cuya memoria muchos nos afanamos en preservar. Enrique Heraclio Botana, diputado socialista, tipógrafo, un honrado sindicalista en la Galicia de primeros del siglo XX. En julio de 1936, siendo diputado por Pontevedra, entró a formar parte del Comité del Frente Popular en la ciudad de Vigo cuando al producirse la sublevación en África el gobierno republicano llamó a la formación de comités permanentes para hacer frente a la crisis. Reunidos en el ayuntamiento de Vigo, con la participación de concejales, el alcalde y los diputados, el Comité intentó mantener la tranquilidad en la ciudad y asegurarse que la legalidad republicana se mantuviera. 

Cuando el oficial al mando de la Guardia de Asalto ofreció sus hombres para defender el ayuntamiento y armar voluntarios, el alcalde (del PSOE) se negó en redondo, aduciendo que el comandante de la guarnición militar había dado su palabra de lealtad; cuando los responsables de la CNT-FAI en la ciudad (importante núcleo obrero) se ofrecieron al Comité para defender la ciudad ante el golpe inminente y pidieron armas, el alcalde les expulsó del Ayuntamiento y les amenazó con hacerles detener por la policía, solo la actuación de Botana en ese instante templó los ánimos e impidió un absurdo más. Al día siguiente, 20 de Julio, oficiales de la guarnición se sublevaron contra la legalidad republicana y en la Puerta del Sol de Vigo hicieron una carnicería en la multitud indefensa. 

El comité del Frente Popular fue detenido y con ellos muchos cientos de ciudadanos. Un mes más tarde, tras un simulacro de juicio, con un tribunal ilegal y que ya les había condenado, fueron asesinados los miembros del comité J. Antela Conde, (alcalde de Lavadores, industrial), W. Gil Sansostegui (médico y concejal socialista), A. Bilbatua Zubeldía (Oficial de telégrafos y diputado, socialista), R. González Brunet (concejal socialista), I. Seoane Fernández (panadero, diputado socialista), A. Polinar Torres (maestro nacional), M. Rey (panadero), E. Martínez Garrido (industrial, alcalde de Vigo, socialista) y E.H. Botana (tipógrafo, fundador de la UGT en Vigo y diputado socialista); fueron de los primeros de los miles de asesinados en Galicia por los golpistas. Su delito fue resistirse al golpe y proclamar la legalidad constitucional. El alcalde que confiara en la lealtad y la palabra de los militares sublevados cayó sin decir palabra. El diputado socialista Enrique Heraclio Botana, a sus 64 años, con décadas de servicio público como concejal y diputado y una vida de entrega y sacrificio, logró enviarnos un mensaje que ha llegado hasta nosotros. Ante el pelotón gritó: "Guardad las Actas de nuestro proceso, porque ellas son la prueba de vuestro crimen".

Algunos, 70 años después, hemos escuchado su grito.

Madrid, 15 de octubre de 2006.

Por Benjamín Balboa, Plataforma de Ciudadanos por la República

 


 

III) La Memoria Histórica, análisis desde la periferia.

 

Es difícil analizar lo que ocurre en el centro del estado desde la periferia del mismo, tenemos que recurrir al teléfono, la prensa y afortunadamente a Internet, pero poco a poco se pueden ir descifrando ciertos enigmas con mas o menos detalle.

Esto es lo que nos ocurre con los movimientos en torno a la memoria histórica y los crímenes del franquismo, la reciente convocatoria de una reunión el 17 de octubre en base a 13 puntos reivindicativos por parte de algunas asociaciones y grupos políticos nos plantea algunas interrogantes.

Por supuesto los 13 puntos coinciden básicamente con las demandas ya planteadas y que unas cuantas asociaciones hemos subscrito con el documento "Entre la impunidad y la ilegalidad" preparado por el equipo Nizkor, ¿Por qué entonces elaborar un nuevo documento y no cerrar filas en una plataforma común?.

Por otra parte se nota la ausencia de las asociaciones más combativas y activas en la defensa de la memoria de las víctimas republicanas, no están ni la Federación de Foros por la Memoria, ni la Asociación de Familiares de Represaliados de la II República por el franquismo (afarIIrep), ni AGE, ni Caídos por la Libertad, ni Héroes de la República y la Libertad, ni Memoria Histórica Asturiana ( a la que nadie se dirigió para subscribir los 13 puntos), ni otras muchas que es demasiado largo enumerar pero que se encuentran subscribiendo el documento de Nizkor.

¿De que se trata entonces? ¿ De crear un "clon" de las peticiones de Nizkor, pero sin Nizkor ni las asociaciones que lo apoyan, aparentemente no tiene sentido, pero si lo tiene, vamos a buscárselo.

Hasta la fecha destacaban dos tendencias básicas en el enfoque de la reivindicación de las víctimas del franquismo, Una es el intimista que preconiza el derecho de las familias como lo único a tener en cuenta, y por ello las exhumaciones no deben ser "politizadas" con banderas tricolores y otros símbolos semejantes, esta es la postura de la ARMH y tuvimos la ocasión de escucharla directamente en la exposición que Francisco Echevarría realizó recientemente en las jornadas de Santa Cruz de Moya, Cuenca, este enfoque sincroniza bastante con la postura de la comisión de María Teresa Fernández de la Vega, Ramón Jaúregui y algunas opiniones que podemos leer en "El País". En la web de la ARMH, aunque crítica en alguna medida con el anteproyecto de ley gubernamental, no se observa un rechazo frontal al mismo.

Por otra parte estaba el "núcleo duro" de asociaciones ya citado, agrupado en torno a dos documentos, el mencionado documento de Nizkor y el anteproyecto de ley presentado por Joán Tardá en nombre de Ezquerra Republicana de Catalunya. Este grupo de asociaciones reivindica la memoria política republicana, por ello relaciona sus muertes y padecimientos con la defensa de la democracia y la libertad que ejercieron las víctimas, y con ello el origen político de su sacrificio, la bandera tricolor es un homenaje a ellos al margen de lo que opinen sus familiares hoy en día, la memoria política de aquellos mártires no es patrimonio de sus familiares.

Ahora nos aparece una tercera vía, el documento de los 13 puntos, que formalmente se sitúa en una postura dura, pero que cuando se analizan sus promotores y subscriptores vemos un importante peso de una determinada corriente del PSOE en sincronía con otras gentes de IU, de algunas de las demás organizaciones firmantes, que parece ser que no están demasiado al día en esta cuestión, cabe opinar (como hemos contrastado) que pareciéndoles correctos los 13 puntos los subscribieron si meterse en demasiadas profundidades.

Por ello queremos remarcar que juzgando básicamente positiva la declaración de los trece puntos, no la consideraríamos así, si de lo que se trata es de asumir el liderazgo de una postura para después ir rebajando el listón y llegar a pactos inaceptables "porque no se puede llegar mas allá", porque siendo algo suspicaces es lo que cabe pensar de la exclusión de los ya mencionados documentos, grupos y asociaciones mas combativos.

Porque además sobre la asamblea del día 17, puede que por casualidad, pero la publicación de su convocatoria es inmediatamente posterior a los contactos que se están realizando en Internet para convocar una concentración de asociaciones, familiares y víctimas frente al parlamento el día que comience la discusión de la ley, esta concentración según lo previsto irá seguida por una asamblea multitudinaria, por ello esta duplicación de convocatorias nos tiene que plantear forzosamente algunos interrogantes.

Sea lo que sea, el tiempo muy pronto nos lo aclarará todo.

Asturias, 15 de octubre de 2006.

 

Víctor Luis Álvarez,

Presidente de la Asociación Memoria Histórica Asturiana.

 

 


 

IV) Las asociaciones de la Memoria Histórica asturianas consideran una «ofensa» la ley de Zapatero.

 

El homenaje a los centenares de represaliados por el franquismo que fueron arrojados al Pozu Fortuna de Turón se convirtió ayer en todo un alegato contra el proyecto de ley de Memoria Histórica que impulsa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El acto, celebrado en las inmediaciones de la impresionante fosa común, dejó bien claro que el texto redactado por el Ejecutivo merece un unánime y frontal rechazo de las asociaciones que defienden la restitución moral y legal de la II República y de cuantos sufrieron algún tipo de persecución por defenderla. Víctor Luis Álvarez, presidente de la asociación Memoria Histórica Asturiana, calificó el proyecto de «inaceptable», mientras que el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, que se desplazó a la región para tomar parte en el homenaje del Pozu Fortuna, lo tildó de «ofensa a todos los demócratas», al tiempo que anunció que la formación independista presentará en breve una propuesta alternativa. 

Macrino Suárez, ministro de la II República en el exilio y presidente del Ateneo Republicano, y Víctor Díaz, histórico militante comunista y ex preso político, expresaron una postura similar y, además, alertaron de un resurgir de la extrema derecha en España, amparada en muy buena parte, según apuntaron, en «seudohistoriadores empeñados en ocultar y tergiversar la verdad de cuanto ocurrió entre 1931 y 1975». El homenaje a las víctimas del Pozu Fortuna comenzó con un acto político en el que el alcalde de Mieres, Luis María García (PSOE), abrió el turno de intervenciones. 

El regidor no hizo referencia alguna al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo de Zapatero, aunque pidió «respeto para la memoria y para cuantos quieren llorar a sus muertos». García añadió que los represaliados por el franquismo y sus familiares se merecen el «homenaje de las heridas borradas», y calificó la fosa común turonesa de «sumidero por el que se han perdido décadas de libertad». Seguidamente, tomó la palabra Víctor Luis Álvarez, quien, además de alabar el compromiso del Ayuntamiento para que el edificio de la carpintería de la explotación minera se convierta en un aula didáctica, no dejó escapar la oportunidad para criticar de manera rotunda el proyecto de ley sobre el asunto. 

Según indicó, «ni nos satisface, ni es el texto que esperábamos, sino un intento de contentar al fascismo y de hacerle una serie de concesiones que no van a servir de nada, porque esas gentes son insaciables». Álvarez se mostró especialmente combativo con el hecho de que el documento hable de «dos bandos», cuando, a su juicio, «lo que realmente hubo fue, por un lado, un Gobierno legalmente constituido y, por otro, un alzamiento militar fascista».

Tras Marcelino Escudero, presidente del Foro Pozu Fortuna, que hizo un repaso a los nombres de los cientos de militantes republicanos y de izquierdas que fueron arrojados a la fosa común, intervino el ex preso político e histórico dirigente comunista Víctor Díaz. Al igual que el resto de oradores, salvo Luis María García, centró su intervención en criticar una ley de Memoria Histórica que, según dijo, «comete el error de equiparar a vencedores y vencidos y no recoge la revisión de todos los juicios sumarísimos».

Por su lado, Macrino Suárez, ministro de la II República en el exilio, aseguró que el proyecto «está tan suavizado que se queda sin esencia». A su juicio, entre otras cosas, debería «rehabilitar a los militares que permanecieron fieles a la legalidad y hacer un reconocimiento a los maestros y profesores republicanos». Tras la intervención de Tardá, el acto concluyó con una ofrenda floral bajo los sones del Himno de Riego, interpretada por la Banda de Música de Mieres.

 

[Fuente: Por José A. Ordóñez, Prensa Asturiana, Pozu Fortuna (Turón), 08oct06].

 

 

 


 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

 

Texto completo de la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kolk y Kislyiy v. Estonia.

 

Declaración "Entre la cobardía moral y la ilegalidad".

Otros documentos de contexto.

Propuestas Legislativas

Documentos en audio


La Cuestión de la Impunidad en España

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Equipo Nizkor Información
Impunidad España

22 Marzo 2007


DOCUMENTOS EN AUDIO: http://www.radionizkor.org/espana/#es1  

 

Actualización de información sobre la tramitación de la ley de impunidad conocida como "ley de la memoria".

 


 

Debate en el pleno del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley que afecta a las víctimas del franquismo.



Fichero AudioEsp - Debate en el pleno del Congreso de los Diputados sobre el "Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Radio Nizkor, 14mar07

 


El 14dic06 se celebró en el Congreso de los Diputados el debate de totalidad de iniciativas legislativas sobre el Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Este debate dio comienzo con la intervención de la Vicepresidenta 1ª y Ministra de la Presidenta, Mª Teresa Fdez. de la Vega, presentando en nombre del Gobierno el mencionado proyecto, que afecta a las víctimas del franquismo.

En el transcurso del mismo defendieron sus respectivas enmiendas a la totalidad al texto del Gobierno los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

En la votación que siguió al turno de réplica del Gobierno y la fijación de posiciones de los distintos grupos parlamentarios, fueron rechazadas las tres enmiendas a la totalidad planteadas.

Es la primera vez desde que se inició la democracia con la Constitución de 1978, que llega al seno del Congreso de los Diputados lo que hemos dado en llamar la "cuestión de la impunidad en España". Este hecho permite conocer en términos parlamentarios lo que cada partido político piensa y opina. De ahora en más, estos documentos no podrán ser desconocidos ni ocultados, como ocurrió hasta la fecha.

Las posiciones más cercanas al derecho internacional de los derechos humanos fueron rechazadas en la votación, y, de este modo, devino posible la continuidad de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de impunidad de los crímenes franquistas, que significa la negación de los derechos civiles a las víctimas del franquismo.

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Orador File name RM Mp3 Duration Language
 
Presentación del Proyecto de Ley:
Intervención de la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega Sanz teresa REAL PLAYER MP3 00:34:52 ESL/SPA
Exposición de las enmiendas a la totalidad:
Intervención del señor Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a favor de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Partido Popular atencia REAL PLAYER MP3 00:19:58 ESL/SPA
Intervención del señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), a favor de la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por su grupo tarda REAL PLAYER MP3 00:21:09 ESL/SPA
Intervención del señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a favor de la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por su grupo herrera REAL PLAYER MP3 00:21:23 ESL/SPA
Respuesta del Gobierno a las enmiendas a la totalidad:
Intervención de la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega Sanz, para contestar a las enmiendas presentadas teresa1 REAL PLAYER MP3 00:19:42 ESL/SPA
Turno de réplica:
Intervención del señor Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso atencia1 REAL PLAYER MP3 00:09:07 ESL/SPA
Intervención del señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) tarda1 REAL PLAYER MP3 00:05:44 ESL/SPA
Intervención del señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds herrera1 REAL PLAYER MP3 00:09:58 ESL/SPA
Intervención de la señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega Sanz teresa2 REAL PLAYER MP3 00:08:52 ESL/SPA
Turno de fijación de posiciones:
Intervención de la señoras Barkos Berruezo y Lasagabaster Olazábal, y del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto mixto REAL PLAYER MP3 00:19:59 ESL/SPA
Intervención del señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) pnv REAL PLAYER MP3 00:16:16 ESL/SPA
Intervención del señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ciu REAL PLAYER MP3 00:14:13 ESL/SPA
Intervención del señor Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso psoe REAL PLAYER MP3 00:11:58 ESL/SPA
Intervención del señor Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar la lectura del preámbulo del Real Decreto-ley 10/76, de 30 de julio, sobre amnistía y sus artículos 1 y 2, y los artículos 1 y 2 de la Ley de amnistía, de 15 de octubre. pp REAL PLAYER MP3 00:13:25 ESL/SPA
Votación:
Votación de las enmiendas votacion REAL PLAYER MP3 00:04:13 ESL/SPA


 

II) Trámite parlamentario de la Ley de impunidad de los crímenes franquistas.

 


 

III) La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas.

 

Índice:

Introducción.

I.- La ilegalidad del régimen franquista: Alzamiento en armas contra un gobierno legítimo y vulneración del ordenamiento jurídico en vigor.

 

II.- Las Naciones Unidas declaran al régimen de Franco en su origen, naturaleza, estructura e historial como un régimen fascista alineado con las "Potencias del Eje".

III.- Los crímenes de la represión franquista se enmarcan en el contexto europeo y su calificación viene dada por el derecho emanado de Nuremberg.

IV.- La inobservancia de los derechos de las víctimas y familiares de las víctimas de la represión franquista se enmarca en el contexto de la impunidad que aún hoy existe en España.

V.- Conclusiones.

VI.- Plan de acción.

Organizaciones que presentan el documento.


 

Plan de acción:

 

IV) Plan de Acción.

1. Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad".

2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.

3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.

4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos.

Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla.

5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.

6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica.

7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.

8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.

9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.

10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados "niños de la guerra", y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.

11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres.

12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.

13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.

14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.

15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.

16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia.

17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.

18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.

Equipo Nizkor - 14 de abril de 2004.

 


 

 

Organizaciones que presentan el documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" (orden alfabético):

 
  • AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta.
  • Agrupación Gragero de León, Manuel Osorio, secretario.
  • Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), Horacio Ravena, vicepresidente.
  • Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García Arias, presidenta.
  • Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
  • Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Ricardo Bedera, presidente.
  • Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
  • Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU (Chile), Víctor Espinoza, Secretario Ejecutivo.
  • Derechos Human Rights, California, USA, Margarita Lacabe, presidenta.
  • Equipo Nizkor, Gregorio D. Dionis, presidente.
  • Foro por la Memoria, José María Pedreño, presidente.
  • Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.
  • Jóvenes por la Memoria Histórica "Amnesia", Javier Moreno y Juan Ignacio Díaz Bidart.
  • Serpaj Europa, Bruselas, Bélgica, Parmenia Camargo, presidenta.
 


 

 

Organizaciones que promueven el documento "Entre la cobardía moral y la ilegalidad" (orden alfabético):

 
  • AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
  • Asociación de Familiares y Amigos de Asesinados y Enterrados en Margallón, Olga Alcega Madurga, presidenta.
  • Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, Galizia.
  • Associació por Memòria als immolats per la Llibertad a Catalunya, Pere Fortuny
  • Agrupación de familiares y amigos de los “fallecidos” y represaliados en la Prisión Central de Valdenoceda, José María González Díaz - Medino, presidente
  • Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), Esperanza Martínez García, presidenta
  • Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
  • Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
  • Asemblea Republicana de Vigo, Cerlso X. López Pazos, presidente y Pablo Alonso Alcalde, Secretario.
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica Antifranquista (AGEMHA), José Murillo Murillo, Presidente
  • Asociación General de Estudios de Memoria Histórica Antifranquista AGEMHA, Francisco Martínez López, Vicepresidente.
  • Asociación Guerra - Exilio y Memoria Histórica de Andalucía AGEMHA, Manuel Velasco Haro, Presidente
  • Asociación "Héroes de la República y la Libertad" de Cantabria, Antonio Ontañón Toca, Presidente
  • Asociación Joan Peset, Valencia. Pablo Rodríguez Cortés Presidente.
  • Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
  • Asociación Memoria Histórica Asturiana, Víctor Luis Alvarez, presidente.
  • Asociación "Monumento La Colladiella", Asturias, Nicanor Rozada, presidente.
  • Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro, Carlos Bajo Díez, presidente)
  • Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
  • Asociación Viguesa pola recuperación Histórica Memoria do 36, Concepción Nogueira Miguel, presidenta
  • Ateneo Obrero de Gijón, Luis Pascual, coordinador.
  • Círculo Republicano Zamorano (CIRZA), Cándido Ruiz González, presidente
  • Colectivo Despage (Desaparecidos de la Guerra Civil y el Exilio Republicano), Antonio Cruz González
  • Colectivo Republicano de Euskal Herria-Euskal Herriko Talde Errepublikanoa (CREH-EHTE)
  • Colectivo Republicano de Redondela.
  • Comisión "Ferrolterra a nosa memoria", Bernardo Máiz Vázquez.
  • Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica D'a Coruña, María Beatriz Gómez Amigo, presidenta.
  • Coordinadora Galega de Roteiros, Antón Areas Curto, Coordinador.
  • Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya: [ Associació per a la Memòria Històrica i Democròtica del Baix Llobregat, Associació del Pont de la Llibertat de l'Hospitalet Antifranquista, Associació per al Memorial Democròtic dels Treballadors de la SEAT, Associació pro Fundación - Enrique Lister, Col·lectiu d'Història de la CJC - Joventut Comunista, FREE, Associació Dones del 36, Foro para la Defensa de la Tercera Edad - Memòria Històrica, Fundació Pere Ardiaca, Historaula, Fundació l'Alternativa, Collectiu Gai i Lesbiò-H2O], Álvaro Fernández Alonso, Vice Presidente.
  • Corriente de Opinión Izquierda Socialista - PSOE, Vicent Garcés
  • El Sueño Igualitario, Javier Díaz Soro
  • Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
  • Federación Estatal de Foros por la Memoria: [Foro por la Memoria de Andalucia, Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Badajoz Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de Cádiz Foro por la Memoria de Cáceres Foro por la Memoria de Cantabria, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Extremadura, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén, Foro por la Memoria de La Rioja, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de Segovia] José Mariá Pedreño Gómez, presidente de la federación.
  • Foro por la Memoria, José Antonio Moreno Díaz
  • Forum per la Memoria del País Valenciá, Amparo Salvador Villanova, Presidenta
  • Fundación Luis Bello, Jos&eaacute; Esteban, presidente.
  • Grup Parlamentari de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá Coma, Portavoz
  • Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.
  • Liga Aragonesa de Mutilados e Inválidos de la Guerra Civil Española 1936/39, Juan Luís Serrano Calleja, presidente
  • Memoria y Libertad, Tomás Montero Aparicio

 


Impunidad en España y crímenes franquistas.

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Impunidad en España

 

(20abr07 - VI) msjes.

 

Esp - Comunicado sobre el acuerdo de "desbloqueo de la ley de la memoria".

I) Comunicado ante el "acuerdo de desbloqueo" del proyecto de "ley de la memoria histórica" en España.

 

Fichero AudioEsp - Comunicado ante el "acuerdo de desbloqueo" de la ley de la memoria histórica. Radio Nizkor, 20abr07.

 


 

"El mismo día que en Europa se decidió considerar delito la promoción o defensa de las ideas nacionalsocialistas, en España se hizo público, a través de la prensa, el "desbloqueo de la ley de la memoria".

El acuerdo al que han llegado es en realidad una forma de promoción de la legalidad franquista y de sus consecuencias. Es evidente que los autores de esta nueva elaboración siguen siendo personas anónimas, pues nadie se hace responsable de las proposiciones conceptuales de filosofía del derecho que se supone soportan la técnica jurídica necesaria para que una ley sea concordante con el derecho interno, con el derecho internacional y con los principios de "ius cogens", todos ellos de obligado cumplimiento por las instituciones estatales. Esto incluye, como no puede ser de otra forma, las leyes aprobadas por el Parlamento...

Es evidente que ninguno de los medios de prensa que ha informado reprodujo el texto de los acuerdos adoptados para el "desbloqueo de la ley de la memoria". Y no lo han hecho simplemente porque sus artículos tienen la finalidad, no de informar, sino de crear una imagen que induzca al apoyo incondicional de este "fabuloso acuerdo"...

La fabulación se basa en la utilización de una manipulación lingüística y conceptual que no sería aceptable en un alumno de introducción a la filosofía del derecho, o a cualquier persona con sentido común. Se trata de que el imaginario popular crea que el término "ilegítimo" es sinónimo de "ilegal".

Esto, además de ser una falsedad ideológica en el uso semántico de los términos lingüísticos, es un desprecio a la razón y a las asociaciones de víctimas en la medida que pretenden que tengamos que responder a una irracionalidad conceptual y no al fondo de la cuestión...

Este acuerdo se basa en un acto elemental de mala fe al querer hacernos creer que si bien es ilegítimo, los actos del franquismo fueron legales y, por lo tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños. Pero además viola principios democráticos profundos al dejar abierta la puerta para que se pueda entender que existen golpes de estado "legítimos" frente a un sistema democrático..."

 

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II) La vicepta. primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández De la Vega, asume la defensa del no reconocimiento de los derechos civiles de las víctimas del franquismo.

 

Fichero AudioEsp - De la Vega asume la defensa del no reconocimiento de los derechos civiles de las víctimas del franquismo. Radio Nizkor, 08abr07.

Según la agencia Europa Press, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene intención de retomar después de Semana Santa las negociaciones sobre el proyecto de ley de ampliación de derechos a víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con la idea de no abrir la ponencia parlamentaria hasta no lograr primero un cierto consenso básico con buena parte de las formaciones minoritarias.

La conocida como Ley de Memoria entró en el Congreso en julio de 2006, si bien no pasó su primer debate parlamentario hasta el pasado 14 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso rechazó tanto la devolución del proyecto que reclamaba el PP como los textos alternativos que proponían ERC e IU-ICV...

La interpretación del portavoz del PSOE ante la Agencia Europa Press reconoce de hecho la negativa de ese partido a responder racionalmente a la argumentación de las asociaciones de víctimas y de derechos humanos, especialmente representadas en el informe del Equipo Nizkor.

En realidad, lo que intenta el Gobierno es no tener que responder públicamente a dichos argumentos, tal cual hizo en el debate parlamentario la vicepresidenta del Gobierno, el 14dic06, en que, además de reconocer que la ley no pretendía ningún reconocimiento jurídico de las víctimas, no respondió a ninguno de los argumentos basados en el derecho internacional o en los principios generalmente aceptados sobre libertades civiles y que son normativos en la Unión Europea...

Por estos motivos el presidente del Equipo Nizkor mostró su rechazo a la nueva norma, pues si se aplica será «demoledora para las libertades»

«La ley de la Memoria Histórica es innecesaria cuando no va a tener aplicación penal». Así de claro se mostró Gregorio Díaz Dionis, presidente del Equipo Nizkor, durante la conferencia que ofreció en Gijón, organizada por la Mesa de Diálogo por la Recuperación de la Memoria Histórica Frente Norte...

Gregorio Dionis destacó que la negativa del Estado español a reconocer los derechos civiles de las víctimas del franquismo es claramente violatoria de la normativa sobre derechos humanos aplicable en la UE y es inaceptable desde cualquier punto de vista democrático que se pretenda desconocer que la Guerra Civil española fue el primer capítulo de la Gran Guerra Civil europea que fue la II Guerra Mundial.

El Gobierno español no tiene ningún argumento jurídico aceptable en derecho para segregar a las víctimas del franquismo del sistema de normatividad penal, es más, si consolida su posición segregacionista se produciría una clara excepción normativa dejando sin derechos civiles y jurídicos a una parte de la población del Estado español que fue, y continúa siendo, víctima de los crímenes franquistas. No sólo estaría negando el derecho a la justicia, sino también la igualdad ante la ley.

 

 

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III) Declaración ante el "pacto de desbloqueo" de la ley de la memoria.

 

I) El mismo día que en Europa se decidió considerar delito la promoción o defensa de las ideas nacionalsocialistas, en España se hizo público, a través de la prensa, el "desbloqueo de la ley de la memoria".

El acuerdo al que han llegado es en realidad una forma de promoción de la legalidad franquista y de sus consecuencias. Es evidente que los autores de esta nueva elaboración siguen siendo personas anónimas, pues nadie se hace responsable de las proposiciones conceptuales de filosofía del derecho que se supone soportan la técnica jurídica necesaria para que una ley sea concordante con el derecho interno, con el derecho internacional y con los principios de "ius cogens", todos ellos de obligado cumplimiento por las instituciones estatales. Esto incluye, como no puede ser de otra forma, las leyes aprobadas por el Parlamento.

II) Normalmente, antes de emitir una opinión, esperamos a tener el texto oficial y legal de la proposición de ley o del documento concreto que recoge las expresiones legales que no sólo documentan, sino que dan forma a ese tipo de acuerdos.

Es evidente que ninguno de los medios de prensa que ha informado reprodujo el texto de los acuerdos adoptados para el "desbloqueo de la ley de la memoria". Y no lo han hecho simplemente porque sus artículos tienen la finalidad, no de informar, sino de crear una imagen que induzca al apoyo incondicional de este "fabuloso acuerdo".

Y decimos fabuloso porque en realidad es una fabulación más a las que nos tienen acostumbrados desde que han tenido que hacer frente a la demanda de las asociaciones de víctimas y a las asociaciones de derechos humanos que hemos decido hacer frente a lo que hemos denominado el "modelo español de impunidad".

La fabulación se basa en la utilización de una manipulación lingüística y conceptual que no sería aceptable en un alumno de introducción a la filosofía del derecho, o a cualquier persona con sentido común. Se trata de que el imaginario popular crea que el término "ilegítimo" es sinónimo de "ilegal".

Esto, además de ser una falsedad ideológica en el uso semántico de los términos lingüísticos, es un desprecio a la razón y a las asociaciones de víctimas en la medida que pretenden que tengamos que responder a una irracionalidad conceptual y no al fondo de la cuestión.

Parten de creer que las víctimas del franquismo son "incultas" y "sin formación", y por lo tanto, van a celebrar como un triunfo legal esta manipulación que por arte de birbirloque convierte lo meramente moral en legal.

II) El acuerdo, cuyo texto encontrarán la final de este comunicado, en uno de sus párrafos bajo el apartado de "reconocimiento general" dice que:

    "Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura."

Y éste se complementa con otro artículo del apartado "Declaración de reparación y reconocimiento personal" que dice así:

    "Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones."

    "Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y el Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente ley."

    "Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Pero además de esta manipulación lingüística formal, el pacto agrega un párrafo que demuestra la mala fe del acuerdo:

    "La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley".

III) Hay una norma de derecho que hace inválido e ilegal un acuerdo civil, una ley e incluso un acuerdo internacional y es lo que en derecho se denomina "el principio de buena fe".

Pues bien, este acuerdo al que han llegado los grupos parlamentario de IU y el PSOE es inválido e ilegal porque viola este principio de buena fe.

Es obvio que el régimen franquista tiene un origen ilegítimo en cuanto proviene de un golpe de estado, pero este hecho -que es una condición suficiente- no es, por sí solo, el que define la ilegalidad del régimen franquista.

Este régimen fue, es y será ilegal y responsable de actos que se pueden considerar como crímenes contra la humanidad. Pero además, es parte del entramado filosófico y conceptual que promovió el nacionalsocialismo y el fascismo en Europa.

Este acuerdo se basa en un acto elemental de mala fe al querer hacernos creer que si bien es ilegítimo, los actos del franquismo fueron legales y, por lo tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños. Pero además viola principios democráticos profundos al dejar abierta la puerta para que se pueda entender que existen golpes de estado "legítimos" frente a un sistema democrático.

Sería bueno que los artífices de esta manipulación conceptual nos explicaran cuáles son los actos que pueden convertir en legítimo un golpe de estado en contra de un régimen democrático y que, según ellos, lo pueden llevar a ser legal.

No es de menor importancia el hecho de que se refieran a "...la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido...", forma eufemística de igualar a los tribunales de la II República, responsables de intentar mantener el estado de derecho y las libertades civiles, con los tribunales militares ilegales de los sublevados. Es un escarnio para todos los jueces y fiscales de aquella época que fueron ejecutados sumaria o extrajudicialmente, pero lo es también para todos los magistrados europeos que tuvieron que hacer frente al nacionalsocialismo, al fascismo italiano, al régimen de Petain o al sistema de legislación racial que se aplicó en el Este de Europa.

Es evidente que este tipo de pensamiento profundamente antidemocrático proviene de las ideas del denominado "decisionismo jurídico" defendido por Carl Schmitt, de amplia difusión en las instituciones académicas y militares del franquismo y que ha pervivido hasta la fecha.

Este principio se basa en sostener que un régimen proveniente de un golpe de estado es legítimo y que la mera legitimidad reemplaza a la normatividad legal.

IV) Este acto de mala fe se complementa con la eliminación del "Consejo de Notables" previsto en los artículos 5 y 6 del proyecto de la llamada "ley de la memoria"; este Consejo sería ahora reemplazado por un certificado expedido por el Ministerio de Justicia al que sólo tendrán acceso, y citamos textualmente, "las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".

Es evidente que la propuesta del "Consejo de Notables" que incluye el proyecto del ley del Gobierno, era absolutamente ilegal e indigna de cualquier principio democrático, pero no lo es menos que el Ministerio de Justicia certifique que un ciudadano fue víctima del régimen franquista; peor aún es la determinación por ley de quiénes reúnen las condiciones para poder requerir este certificado de buena conducta democrática. Obviamente quedan exceptuados los colectivos, las asociaciones que desaparecieron como parte del exterminio y todos aquéllos que no tengan herederos legítimos o, simplemente, no tengan representación alguna.

En realidad lo que se pretende es ignorar el derecho colectivo a la memoria y convertirlo en un acto individual y personal. Esto es concordante con un reconocimiento moral y tiene que ver con los actos privados del perdón. Pero para eso no hace falta una ley porque los actos privados y de conciencia no pueden ni deben ser regulados.

Lo que omiten estos párrafos son el derecho a la justicia y el derecho a la verdad como una obligación del estado de derecho.

V) Este acuerdo incumple las normas internacionales de derecho humanos, viola el derecho internacional y viola la igualdad ante la ley, dándose la circunstancia de que si se mantiene este criterio, las víctimas del franquismo y sus descendientes no tendrán derecho a la justicia y el Estado se negará por ley a asumir sus responsabilidades frente a las violaciones graves de los derechos civiles y los derechos humanos.

VI) Por último, debemos remarcar una vez más que este tipo de proposiciones tienen un componente adicional que demuestra la mala fe y es el reducir el inventario de cuestiones pendientes relacionadas con las víctimas del franquismo a la única cuestión de los juicios sumarísimos, desconociendo de hecho y de derecho todas las reclamaciones que están recogidas en el "Plan de Acción" que fue incluido oportunamente en el documento "La Cuestión de la Impunidad en España y los Crímenes Franquistas", hecho público el 14 de abril de 2004, así como en la declaración "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", donde se ratifican todas las declaraciones temáticas y que ha sido apoyada por la práctica totalidad de asociaciones del estado relacionadas con la problemática de la impunidad franquista.

Resulta vergonzoso tener que recordar a los Grupos Parlamentarios que han llegado a este acuerdo que el inventario de problemas pendientes no es arbitrario, no viola la actual constitución y es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interno y las normas imperativas de "ius cogens".

Ocultarlo aplicando lo que hoy se denomina la "técnica del ninguneo", no tendrá como efecto el que desaparezcan los problemas pendientes y, mucho menos, las obligaciones legales del estado que, antes o después, éste deberá asumir.

No puede ser de otra forma en un estado de derecho, dado que las características de los crímenes cometidos por el régimen franquista reúnen las condiciones de imprescriptibilidad reconocidas incluso por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en una fecha tan cercana como el 17 de enero de 2006.

Madrid, 19 de abril de 2007.
Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor.

 

[Nota documental: El texto completo del documento que recoge el pacto lo pueden encontrar en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/memoria.html

 

 


 

Adhesiones:

  • AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
  • Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
  • Ateneo Republicano de Galicia - ARGA
  • Federación Estatal de Foros por la Memoria: [Foro por la Memoria de Andalucia, Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Badajoz Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de Cádiz Foro por la Memoria de Cáceres Foro por la Memoria de Cantabria, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Extremadura, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén, Foro por la Memoria de La Rioja, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de Segovia] José Mariá Pedreño Gómez, presidente de la federación.

 


 

 

IV) Texto circulado en el Parlamento que recoge el pacto para el desbloqueo de la ley de la memoria.

 

Artículo 1. Objeto de la Ley

1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticos o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles entorno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2. Mediante la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos.

Artículo 2. Reconocimiento general

1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura.

2. Las razones políticas o ideológicas a que se refiere el apartados anterior incluyen la pertenencia o colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

Artículo 3. Declaración de reparación y reconocimiento personal

1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y el Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente ley.

3. Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

4. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores.

Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

Artículo 4. Tramitación y efectos de la Declaración

1. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

2. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 5. Órgano de resolución (supresión)

Artículo 6. Funciones del Consejo (supresión)

Artículo 7. Contenido de la Declaración (supresión)

[Nota documenta: Este texto es al que ha tenido acceso la prensa a pesar de que en sede parlamentario circuló oficialmente en papel sin membrete y sin firma de grupo parlamentario alguno. Pero aún así ha servido para soportar la campaña de imagen y propaganda a favor de la ley].

 


 

V) No hay atajos: Verdad, Justicia y Reparación.

 

Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU-ICV en relación de la "Ley de Memoria".

Tras conocerse el acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE e IU, que desbloquea la tramitación del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y, por lo tanto, con la debida prudencia y reservas, a la espera de conocer más profundamente los términos exactos del acuerdo y, más adelante el texto definitivo de la Ley, desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria hacemos las siguientes consideraciones:

En primer lugar, celebramos cada avance como un éxito del movimiento social por la recuperación de la memoria en nuestro país, en el cual participan, desde diferentes ámbitos, las asociaciones memorialistas, las de Derechos Humanos, y las de represaliados, sus familiares y amigos. No sólo es mérito de este movimiento haber puesto este asunto en lugar central de la agenda política, sino que su rechazo al texto original presentado por el Gobierno en Julio de 2006 y los argumentos críticos expuestos a la sociedad civil, y asumidos por gran parte de ella, han forzado la modificaciones que fueron explicitadas en el día de ayer.

En segundo lugar, se trata de un acuerdo alcanzado entre dos grupos parlamentarios sobre el futuro texto de la Ley que no ha sido apoyado por el resto de grupos en el Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, todavía no ha sido aprobado ni tiene ninguna vigencia.

A la espera, como decimos, de un conocimiento más concreto y exhaustivo de los términos del acuerdo que modifican el proyecto original, realizamos las siguientes consideraciones iniciales:

Valoramos positivamente determinados elementos, tales como:

     

  • La supresión del lamentable preámbulo, que igualaba con el tratamiento de "bandos en conflicto" a golpistas y a defensores de la legalidad democrática.

     

  • La sustitución de dicho preámbulo por una condena explícita del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y de la dictadura franquista.

     

  • La desaparición de la esperpéntica "Comisión de Notables".

     

  • La supresión del artículo 25.3 sobre el tratamiento documental y archivístico que implicaba plenas garantías de anonimato para los verdugos.

Sin embargo, esta Federación considera que, independientemente de que haya o no una Ley integral de Memoria Histórica, el centro de la cuestión es si se va a aplicar de una vez en España la normativa internacional sobre Derechos Humanos (crímenes de guerra, de lesa Humanidad, desapariciones forzadas, inhumaciones ilegales, etc.), o si, por el contrario, nuestro país va a seguir manteniendo lo que en el lenguaje internacional de los Derechos Humanos se conoce como el Modelo Español de Impunidad.

Consideramos que para que el Estado Español se inscriba y normalice de hecho en el marco internacional del cumplimiento de la legislación de Derechos Humanos debe partirse de la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha hecho el Parlamento de la Argentina con sus leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

La justicia española, aplicando criterios de extraterritorialidad, lleva años procesando a autores y responsables de crímenes contra la Humanidad en países del Cono Sur americano. Nos permitimos recordar que coincidiendo con los años de máximo rigor de la represión en Argentina o Chile, por ejemplo, en Estado Español se torturaba a los antifranquistas en la Dirección General de la Seguridad de la Puerta del Sol, en Via Laietana y en muchos otros cuartelillos y comisarías; se fusilaba mediante sentencias emitidas por consejos de guerra ilegítimos, sin que se respetasen las más elementales garantías procesales, sustentándose en pruebas y testimonios obtenidos por medio de la tortura; se cometían crímenes de estado como los de Montejurra y Vitoria. Todos estos casos deben considerarse como crímenes de lesa humanidad, y por esta naturaleza, jamás prescriben

No podemos aceptar la manipulación terminológica a la que nos quieren someter con la declaración de "ilegitimidad" de las sentencias o de los tribunales franquistas. Esa manipulación esconde una realidad: las sentencias no se anulan. Serán los interesados o sus familiares los que tendrán que instar a los actuales Tribunales para que las anulen y ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de rechazar varias peticiones que se le han presentado. La humillación llega a tal extremo que quienes deseen anular su sentencia tendrán que contratar, a su costa, los servicios de abogados y procuradores y todo ello sin la certeza de que, al final, la anulación llegue a producirse.

Debe ser la Ley la que anule las sentencias, esas a las que el presidente del Tribunal que, paradójicamente, no anuló la que condenó a Julián Guimau calificó como "acto estremecedor para la conciencia jurídica" y rebajó la categoría de esa presunta decisión judicial a la de "apariencia de sentencia".

No renunciamos a que se anulen todos los actos represivos del franquismo, no sólo las sentencias de las que ahora se habla, sino también el resto de actos represivos tales como depuraciones de funcionarios, incautaciones de bienes, multas, etc.

Del mismo modo, seguiremos siempre en contra del certificado de buena conducta que ahora se pretende otorgue, en lugar de la Comisión de Notables, el Ministerio de Justicia. No queremos certificados sino el cumplimiento íntegro del Derecho Internacional de los Derecho Humanos con sus tres pilares fundamentales: verdad, justicia y reparación.

Los ciudadanos represaliados del Estado Español no se merecen el denigrante trato de realizar una búsqueda, tanta veces imposible, de aquellos documentos que se encuentran en los archivos públicos para demostrar su condición de víctimas del franquismo. Esto conculca todos los principios democráticos de los que tanta gala se hace desde las instituciones públicas.

Asimismo, a la espera de conocer con más detalle los términos del acuerdo echamos en falta aspectos fundamentales e innegociables, tales como:

Una Ley integral de Exhumaciones, dado que es inadmisible que el estado siga haciendo dejación de su responsabilidad y trasmitiendo la misma a asociaciones de memoria y familiares, en lo que se ha dado en llamar la "privatización de la verdad".

La adopción de medidas que permitan en un corto plazo de tiempo la eliminación de todos y cada uno de los monumentos, nomenclatura y toponimia franquistas cuya pervivencia, que ya dura 70 años, supone una constante provocación, humillación e insulto a la memoria de centenares de miles de luchadores por la libertad, represaliados por la dictadura, y a sus familiares.

Los monumentos y los nombres de las calles no son "historia" aséptica. Por el contrario, significan reconocimiento, así como apuesta por la socialización de los valores y principios representados por los homenajeados. Creemos que la pervivencia de calles dedicadas a siniestros personajes, como Yagüe, Queipo de Llano o Millán Astral, es inaceptable por una sociedad democrática en el siglo XXI.

En resumen, esta Federación Estatal de Foros por la Memoria reitera su exigencia y apuesta en defensa de la aplicación íntegra y sin subterfugios de la legislación de Derechos Humanos en España, y desde este planteamiento y con ese objetivos orientará en el futuro su desarrollo organizativo, su propuesta programática y sus acciones reivindicativas concretas, tal y como ha venido haciendo hasta hoy, independientemente de cómo resulte al final de su tramitación, el texto definitivo de la Ley.

Federación Estatal de Foros por la Memoria
19 de Abril de 2007

 


 

 

VI) De la Vega pretende retomar las negociaciones sobre la Ley de Memoria Histórica tras el paréntesis de Semana Santa.

 

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tiene intención de retomar después de Semana Santa las negociaciones sobre el proyecto de ley de ampliación de derechos a víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, con la idea de no abrir la ponencia parlamentaria hasta no lograr primero un cierto consenso básico con buena parte de las formaciones minoritarias.

De entrada, los socialistas ya han desechado la idea de ERC de abrir una ronda de comparecencias de expertos en el Congreso, pues entienden que acabaría derivando en un 'circo' del que sólo saldrían beneficiados los defensores de las tesis 'revisionistas' en torno a la guerra y el franquismo.

La conocida como Ley de Memoria entró en el Congreso en julio de 2006, si bien no pasó su primer debate parlamentario hasta el pasado 14 de diciembre, cuando el Pleno del Congreso rechazó tanto la devolución del proyecto que reclamaba el PP como los textos alternativos que proponían ERC e IU-ICV.

 

ERC e IU-ICV han forzado el ritmo.

El Gobierno, sabedor de la dificultad de lograr un consenso suficiente en esta materia, quería ir prorrogando el plazo de enmiendas parciales pero, de nuevo ERC e IU-ICV, esta vez apoyados por todas las minorías del Congreso, exigieron en febrero empezar a discutir de una vez en articulado de la ley.

Una vez registradas las casi 200 enmiendas de la oposición --el PSOE renunció a presentar texto alguno--, los socialistas quieren tomarse el tiempo suficiente para lograr unas bases mínimas de consenso antes de abrir la discusión en ponencia. Sin embargo, otra vez ERC e IU-ICV se apresuraron a exigir este martes al presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, que convoque ya la ponencia que tiene que discutir las enmiendas parciales.

En ese contexto, la vicepresidenta tiene decidido retomar las negociaciones con las formaciones minoritarias a la vuelta de la Semana Santa. De la Vega, junto con sus colaboradores en el Ministerio de la Presidencia y, especialmente, su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, volverá a reunirse con los portavoces de CiU, PNV, IU-ICV y ERC para tratar de urdir los mimbres suficientes que permitan abrir la ponencia.

En el PSOE ven a ERC en la posición más alejada por lo que su prioridad es articular consensos con CiU y PNV que permitan convencer después a IU-ICV, que a su vez sufre presiones en su seno por parte del PCE y de las asociaciones de izquierdas para la recuperación de la memoria histórica.

 

La enmienda de CIU, camino a seguir.

El principal escollo sigue siendo la anulación de los juicios y tribunales políticos del franquismo y el diálogo puede partir de las enmiendas de CiU, que abogan por incluir en la ley una declaración en la que se proclame la 'ilegitimidad' de los consejos de guerra y tribunales políticos de la dictadura y, en consecuencia, 'injustas' sus sentencias.

De entrada, lo que tienen descartado los socialistas es atender la propuesta promovida por Esquerra Republicana de abrir una ronda de comparecencias en el Congreso sobre la memoria histórica. ERC ha sugerido esa fórmula en la idea de que así presionaría al Gobierno para inclinar la balanza hacia las víctimas de la dictadura, pero los socialistas argumentan que todos esos colectivos han sido ya recibidos por la Comisión Interministerial que preparó el proyecto y están en contacto con los distintos grupos parlamentarios que lo desean.

Además, en el PSOE tienen claro que abrir una ronda de expertos sobre la Guerra Civil y la dictadura podría derivar en un 'circo' mediático en el que sólo saldrían beneficiados los 'revisionistas', que se encontrarían una tribuna pública para cuestionar en el Parlamento el origen de la contienda y la represión del franquismo.

 

[Fuente: Terra Actualidad, Europa Press, Madrid, 01abr07].

 


 

Más información:

Homenaje ante el mar en A Coruña a la resistencia antifranquista de los pescadores gallegos

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/pesca.html

PP Y PSOE rechazan la moción de IU-ICAM en la que se solicitaba al
gobierno la anulación de los juicios franquistas a las víctimas de la dictadura.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/parlamento.html

Enmiendas al articulado del "Proyecto de Ley por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A. Núm. 99-20, 14mar07
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/enmiendas1.html

Debate en el pleno del Congreso de los Diputados sobre el "Proyecto de ley
por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".
[Documentos en audio de Radio Nizkor] (03 h 36m 38ss)
http://www.radionizkor.org/impuesp/index.html#debate

Carta de republicanos españoles al Secretario General de la ONU fundamentando
y solicitando no se acepte a la España de Franco como miembro en la Organización.
Documento de 11 de octubre de 1955
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/cartarep.html

Auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechazando la
revisión de la sentencia del Consejo de Guerra ordinario que en
1963 condenó a muerte a dos anarquistas.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/revision.html

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
niega a una víctima del franquismo ser sujeto de derechos civiles.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/exhumacion.html

Debate en torno a las propuestas de modificación de la ley de
restitución a los partidos políticos de los bienes incautados en
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/debate2.html

Proposición de Ley de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds modificadora de la Ley de restitución o compensación a los
Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
(Corrección de error).
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/iucorr.html

Proposición de Ley de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds modificadora de la Ley de restitución o compensación a los
Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bienesiu.html

Proposición de Ley de CiU modificadora de la Ley de restitución o
compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos incautados en
aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bienesciu.html

Proposición de Ley de Esquerra Republicana modificadora de la Ley de
restitución o compensación a los Partidos Políticos de bienes y derechos
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas del período 1936-1939.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bieneserc.html

Convocan un manifestación contra la impunidad del Franquismo y en contra de la "Ley de Punto Final".
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/foro.html

Memoria rota en Salamanca
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/rota.html

Los partidos presentan casi 200 enmiendas a la Ley de la Memoria en el Congreso
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/cue6.html

El PCE critica a IU-ICV por plantear una "versión de baja intensidad" en sus enmiendas a la Ley de Memoria
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/pce1.html

BNG y EA también piden anular por ley las sentencias del franquismo y crear una fiscalía especial.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/ea.html

Enmiendas presentada por ERC al proyecto de Ley gubernamental sobre la denominada "Memoria Histórica".
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/erc5.html

El plazo de enmiendas parciales se cierra definitivamente el 06mar07 en el Congreso
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/cue5.html

El PSOE compra el apoyo a la Ley de memoria histórica devolviendo el patrimonio de sus socios parlamentarios
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/partidos.html

La ley de la Memoria Histórica es innecesaria sin aplicación penal.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/gdd.html

España no reconoce los derechos civiles de las víctimas del franquismo.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/gdd1.html

La asociación Nizkor dice que la Ley de Memoria Histórica es «alegal, inútil y vacía».
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/gdd2.html