El PSOE sostiene que
las arcas del Estado no podrían hacer frente a las
reclamaciones
Madrid -
22/04/2007
El Gobierno tiene mucho interés en dejar
claros los límites del vuelco que el jueves dio a
la Ley de Memoria Histórica, y que logró su
desbloqueo. El Ejecutivo y el PSOE pactaron con
IU-ICV declarar "ilegítimos" los juicios de la
represión franquista, pero el Gobierno tratará de
impedir que de esa declaración se deriven
consecuencias económicas. Los socialistas
recuerdan que, de lo contrario, miles de afectados
pondrían en jaque al Estado reclamando
indemnizaciones millonarias, por ejemplo, por un
fusilamiento injusto.
El Ejecutivo ha aceptado, para que la ley
saliera adelante, el concepto de ilegitimidad que
proponía IU-ICV. Pero ahora quiere ponerle
límites. Desde ámbitos parlamentarios se estima,
no obstante, que los ciudadanos que vayan a los
tribunales con esa declaración de ilegitimidad
podrían no sólo pedir la nulidad del juicio, sino
solicitar una indemnización. Los plazos, en
cualquier caso, son largos para ver cómo quedará
finalmente la ley. Después del principio de
acuerdo de PSOE e IU-ICV, ahora comenzará la
tramitación parlamentaria.
El Gobierno sí quiere que haya
indemnizaciones para algunos colectivos de
represaliados, pero de forma controlada y
claramente fijada en la norma, y no como una
reclamación generalizada en los tribunales. Se
trata de personas que quedaron fuera de anteriores
entregas de indemnizaciones. La actual redacción
de la ley mejora las pensiones para los huérfanos
de represaliados, los presos políticos que
sufrieron cárcel y aquéllos que fueron enviados a
batallones disciplinarios, estos últimos no
contemplados hasta ahora.La preocupación por la
posibilidad de que la ley produzca una especie de
reclamación masiva de afectados se ha extendido en
el Grupo Socialista. Por eso se están buscando
bien las palabras precisas. El pacto alcanzado por
PSOE e IU-ICV, que elimina el tribunal de cinco
notables ideado por el PSOE para rehabilitar la
memoria de los represaliados y deja en manos del
Ministerio de Justicia la "declaración de
reparación y reconocimiento personal" para las
víctimas creados, ya contiene una limitación
evidente: "Esta declaración [que expide Justicia]
no constituirá título para el reconocimiento de
responsabilidad patrimonial del Estado, de ni
cualquier Administración Pública, ni dará lugar a
efecto, reparación o indemnización de índole
económica o profesional". Por si había
dudas.
Los ciudadanos que están a la espera de
utilizar la ley, algunos ya muy ancianos, tendrán
que esperar un tiempo. Quizá hasta avanzado el
próximo otoño. Sólo entonces los afectados podrán
reclamar. Pero antes hay que conseguir una mayoría
para su aprobación. "La ley parte ya con una
mayoría suficiente para ser aprobada", señala el
portavoz del Grupo Socialista, Diego López
Garrido, uno de los muñidores del acuerdo. La ley
saldrá adelante con los votos del PSOE, de IU-ICV
y el PNV. Aunque los nacionalistas vascos no han
dicho la última palabra, su portavoz, Josu
Erkoreka, y el portavoz socialista han mantenido
una reunión en la que las coincidencias son
notables. También hay aproximación a Coalición
Canaria y el Grupo Mixto. De momento, CiU mantiene
discrepancias fundamentales. ERC también mantiene
su rechazo al no cubrir ninguna de sus
expectativas.
El PP considera que con
esta ley el PSOE "entierra definitivamente" la
transición democrática". De hecho, la cuestión de
la memoria histórica es siempre uno de los ejes
centrales de las decenas de mítines que el líder
del PP, Mariano Rajoy, ofrece por toda España. "La
gente no quiere hablar de Franco ni de la
república, sino de educación y sanidad", señala
sistemáticamente Rajoy entre grandes
aplausos.
